Un paso en la dirección correcta

Es necesario aceptar que las políticas implementadas hasta la fecha para enfrentar la crisis de violencia y criminalidad, basadas principalmente en la persecución penal del delito, no han dado los resultados esperados. La violencia ha amainado brevemente en algunos momentos coyunturales y se ha estabilizado en otros, pero en general se ha intensificado. La tendencia a lo largo de las últimas dos décadas es de un crecimiento constante, afectando cada vez más a la seguridad de la ciudadanía. Para perseguir el crimen e intentar controlar la violencia, las autoridades han recurrido a todo tipo de medidas, desde involucrar al Ejército en actividades de seguridad pública pasando por crear batallones especializados y negociar una tregua con las pandillas, hasta aplicar acciones cada vez más duras contra los delincuentes. Incluso se ha llegado a actuar violando claramente los derechos humanos y constitucionales.

A esta lucha contra el delito se está dedicando una gran cantidad de recursos, especialmente al combate frontal contra las pandillas. En contraste, no se ha invertido lo suficiente para ofrecer oportunidades de desarrollo a la juventud, para crear empleos dirigidos a este sector de la población, que es el que enfrenta mayores dificultades para insertarse al mundo laboral. Tampoco se ha invertido lo necesario para que el sistema penitenciario cumpla su misión de rehabilitar a las personas privadas de libertad, de modo que puedan reinsertarse a la sociedad al cumplir su condena. Algo que tendría un gran impacto en la lucha contra el crimen.

Otro grave error es no haber fortalecido a la Fiscalía General de la República para que pueda investigar de forma científica y con la metodología adecuada, para que pueda sustentar las acusaciones contra los sospechosos de haber cometido un delito. Además, es de sobra conocida la saturación de casos en la institución y el escaso personal disponible para atenderlos. La situación de violencia y criminalidad de nuestro país requiere de una Fiscalía con mayores capacidades, tanto en el número de fiscales como en la experticia de los mismos para dirigir las investigaciones a su cargo. Sin embargo, para realizar esa tarea, la Fiscalía solo cuenta con la unidad de investigaciones de la PNC, la cual exhibe profundas debilidades y carencias, sin que hasta el momento haya existido voluntad política para superarlas. En no pocas ocasiones, los policías deben investigar casos en los que están involucrados sus propios compañeros, lo cual supone un conflicto de intereses y pone muchos obstáculos para esclarecer la verdad de los hechos y posibilitar que se haga justicia.

Por ello, tiene mucho sentido y es oportuna la petición de recursos a la Asamblea Legislativa por parte del fiscal general, Douglas Meléndez, para contratar 100 fiscales y crear un cuerpo de investigación propio, que en primera instancia enfrente la ola de feminicidios con la sensibilidad y competencias requeridas. De obtener una respuesta positiva por parte de los legisladores, se daría un primer gran paso hacia una Fiscalía capaz de investigar por su cuenta, sin depender  de otras instancias. Si se acepta que vivimos una crisis excepcional de violencia, se requiere fortalecer excepcionalmente a una de las principales instituciones que participan en la lucha contra la misma. Dotar a la Fiscalía con más personal y con un cuerpo propio de investigación competente y eficaz contribuiría a la persecución del delito, la mejora del nivel de seguridad ciudadana y la impartición de justicia.