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Hace unos días, Donald Trump ordenó suspender la ayuda a los países del Triángulo Norte por no haber cumplido estos la tarea de parar la emigración irregular de sus ciudadanos hacia Estados Unidos. Así, una vez más, Trump amenaza a causa de lo que parece ser su principal obsesión: el flujo de migrantes centroamericanos indocumentados. También a México le tocó su parte: so pena de cerrar la frontera sur, el mandatario le exigió al Gobierno mexicano detener a todos los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos sin papeles que, camino hacia el norte, cruzan por su territorio. Estas amenazas las hace un presidente desprestigiado por su afincada costumbre de mentir y falsear los hechos.
The Washington Post reveló recientemente que, en 801 días, Trump ha hecho 9,451 afirmaciones falsas o engañosas; un promedio de 12 al día. El Despacho Oval lo preside un mentiroso compulsivo que distorsiona la realidad según sus intereses y estrechez ideológica. Un buen número de esas afirmaciones han hecho referencia a los migrantes, especialmente a los centroamericanos, para hacer creer a sus compatriotas que aquellos son una amenaza para su país, cuando en realidad están contribuyendo de manera importante a la economía y cubriendo los puestos de trabajo que los mismos estadounidenses no quieren para sí. Con seguridad, miles de centroamericanos indocumentados han trabajado en las empresas que le han proporcionado a Trump su riqueza.
Que él afirme que cortará la ayuda a Centroamérica es solo una más de sus engañosas afirmaciones: puede disminuirla, pero no eliminarla. Hacerlo le corresponde al Congreso, donde muchos legisladores han criticado la medida. La amenaza que blande el mandatario solo desnuda su desconocimiento de la realidad centroamericana y de los más elementales fundamentos sociales. Trump le exige a los Gobiernos del Triángulo Norte algo imposible de cumplir. Satisfacer la demanda del estadounidense obligaría a los países centroamericanos a violar los derechos humanos de su población, pues migrar es un derecho, como también lo es salir del propio país si se tienen los documentos de identificación requeridos por la ley y no existe una orden judicial que lo impida. Además, la disminución o el cese de la ayuda, lejos de frenar los flujos migratorios, agudizará el problema.
El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, la ayuda aprobada por el Congreso en 2017 durante la administración de Barak Obama, busca precisamente favorecer el desarrollo del istmo, mejorar las condiciones de vida de los centroamericanos, con el fin último de frenar la migración irregular hacia Estados Unidos. La ayuda es de por sí insuficiente para producir las verdaderas transformaciones que requiere Centroamérica. Crear más empleos y ofrecer mayor seguridad a la población requeriría de una inversión muy superior a la recibida de parte de Estados Unidos. Dado que el Plan está enfocado precisamente en disminuir la emigración que obsesiona a Donald Trump, destruirlo es contradictorio con sus objetivos.
Además, no hay que perder de vista que Estados Unidos tiene una enorme deuda con Centroamérica, contraída a lo largo de más de un siglo de intervención en la región. Su apoyo a dictaduras, gobernantes y fuerzas armadas que violaban sistemáticamente los derechos humanos; los beneficios que obtuvo del modelo agroexportador controlado por el mercado y empresarios estadounidenses; la promoción de la desigualdad a favor de las élites económicas nacionales; el fortalecimiento de la economía estadounidense con el apoyo de la mano de obra de migrantes indocumentados son algunos de los pecados de la nación norteamericana que han contribuido a la pobreza, la violencia y el subdesarrollo de la región. Esta deuda es una obligación moral que solo podrá ser saldada con una visión de la cooperación internacional basada en el respeto, el realismo y la corresponsabilidad.
