¿Un tema perdido?

Evidentemente, el agua es un asunto de interés general, como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad. Pero una cosa es decir defender ese interés general y otra hacerlo en verdad. Hoy todos los diputados reconocen en su discurso al agua como un derecho humano, pero no han sido capaces de plasmar ese derecho en la Constitución. También reconocen que el agua es un bien público y que, por tanto, le corresponde al Estado velar por su regulación, pero a continuación agregan que lo mejor es que la administren otros. Todos dicen que no quieren privatizar al agua porque la Constitución lo prohíbe, pero no han tenido la voluntad política de hacer ley ese principio. Más bien al contrario, los diputados de derecha votaron el 18 de marzo por un ente rector en el que el Estado quedaba en minoría y que incluía a los dos sectores empresariales (el industrial y el agrícola) que más consumen agua en el país.

Estos diputados enmascaran los intereses particulares a los que sirven, haciendo caso omiso de lo que la realidad y la sociedad necesitan. En El Salvador hay suficiente evidencia de que la mayor parte de la población se decanta por que el Estado regule y tenga la decisión estratégica sobre el agua. Encuestas, cientos de miles de firmas, comunicados, investigaciones, movilizaciones sociales son hechos que los legisladores de derecha han pretendido obviar. Al final, esa evidencia y la multiplicación de reclamos ciudadanos hicieron que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático retrocediera en todo lo acordado sobre la Ley General de Aguas. Sin embargo, esa decisión podría servir para estancar de nuevo la discusión sobre tan fundamental tema.

De hecho, el 18 de marzo, en la discusión al interior de la Comisión hubo quienes plantearon engavetar la ley. En esa misma línea, la presidenta de la Comisión declaró que la discusión de la ley es un tema perdido mientras se antepongan intereses políticos, entendiendo por tales las manifestaciones ciudadanas en contra de lo que un sector busca imponer. En otras palabras, mientras no se apruebe lo que ellos quieren, mejor no discutir nada. Por supuesto, la gestión del agua debe tener un enfoque técnico (la Iglesia y la UCA han pedido la participación de personal técnico en las discusiones), pero definir quién la administra es una decisión política. Si la decisión sobre el ente rector del agua no fuera política, entonces no debería discutirse en la Asamblea Legislativa, pues es un espacio eminentemente político.

Con muy raras excepciones, el dinero y el poder imponen el ritmo al que baila la política. Y en El Salvador, el poder del dinero ha desvirtuado casi siempre la voluntad popular. Como por hoy eso no parece posible, mejor detener todo. Es obligación de los diputados y diputadas acelerar la discusión de la Ley General de Aguas y de una vez por todas reconocer el derecho humano al agua en la Constitución. El agua no es ni debe ser un tema perdido. Si los diputados de derecha creen lo contrario, deberían de aclarar para qué sector lo es, porque la ciudadanía no opina lo mismo.