Una ley importante, pero insuficiente

Después de una espera de más de diez años, por fin fue aprobada la Ley de Medicamentos, lo que en sí mismo es una buena noticia para la ciudadanía en general. La campaña electoral y el deseo de los partidos y diputados de congraciarse con la población han sido elementos decisivos para que se lograra la aprobación de esta ley por unanimidad. No menos importante ha sido la participación del Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, quien tomó la iniciativa de convocar a todos los partidos políticos para llegar a un acuerdo sobre la normativa.

Pero quienes a lo largo de estos años han mantenido viva en la agenda nacional la petición de regular la venta de medicamentos han sido unas cuantas organizaciones populares. A estas debemos reconocerles sus propuestas a la Asamblea Legislativa, sus movilizaciones y su permanente cabildeo para la aprobación de la Ley de Medicamentos, para el bien de la población. Son ellas las que merecen ser felicitadas por el gran logro alcanzado la semana pasada. Y este hecho permite que nos demos cuenta de la importancia de la organización popular en defensa de los verdaderos intereses de la ciudadanía. Si la población quiere que sus demandas sean atendidas, debe tomar un papel protagónico, activo y reivindicativo. Bien dice el habla popular que "a Dios rogando y con el mazo dando". Si la población no se organiza y moviliza en función de sus necesidades, con responsabilidad y perseverancia, difícilmente obtendrá respuestas satisfactorias.

Aunque la ley aprobada no es perfecta y puede ser mejorada, es sin lugar a dudas un primer paso para la regulación de los precios de los medicamentos en nuestro país, que en términos comparativos son los más altos de la región y posiblemente del mundo. Con dicha regulación se espera poner fin al especulativo y lucrativo negocio que droguerías y farmacias han operado a costa de la salud de la población salvadoreña. Si bien esto representa un avance en la dirección correcta, es excesivo que la Ley permita que en El Salvador se puedan vender los medicamentos a un monto hasta 5 veces mayor al precio de referencia internacional. Además, si se fija como precio máximo el promedio de la región centroamericana y Panamá, siempre se tiene el problema de que nuestros vecinos tampoco son un modelo de economía en lo que a precios de los medicamentos se refiere. Sin duda, la aplicación de la Ley supondrá una disminución importante en el costo de los medicamentos, pero todavía en El Salvador seguiremos pagando mucho por estos. Por otra parte, es fundamental la creación de un ente regulador de la industria farmacéutica autónomo e independiente. Su acción favorecería a la población e impediría que los empresarios del sector sigan teniendo un fuerte control sobre el mercado de medicamentos en el país.

Para ser más completa e incidir más significativamente en la disminución de los precios de los medicamentos, la Ley tendría que haber incluido tres elementos. En primer lugar, disminuir el IVA para los medicamentos al 6%. Si se reconoce que los fármacos son excesivamente caros, resulta entonces que pagamos todos más impuestos por ellos, pues el IVA se calcula sobre el precio de venta de los productos. Por otro lado, si la salud es un derecho y un beneficio para la población, no tiene sentido que los medicamentos se graven con la misma tasa que otros productos que no son de primera necesidad. Otro aspecto que la Ley no considera es la regulación de los establecimientos farmacéuticos. Que estos son un buen negocio lo evidencia la gran proliferación de los mismos y la coincidencia de varios de ellos en una misma área. Establecer un número máximo de farmacias para un determinado territorio y población favorecería la disminución de los precios de los medicamentos, pues los establecimientos venderían más y aprovecharían mejor sus capacidades instaladas.

Finalmente, la Ley debería obligar a que el Ministerio de Salud y el ISSS participaran en el proceso de negociación conjunta y compra de medicamentos que realizan algunos países centroamericanos a través del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Estas compras conjuntas se vienen dando desde 2010 y han supuesto un ahorro mayor al 46% en el costo de medicamentos para los países que se han sumado al proceso. La participación de El Salvador en este es voluntaria, pero si la Ley de Medicamentos la hubiera convertido en obligatoria, se habría contribuido decisivamente al ahorro en la compra de medicamentos que realiza el sistema público de salud y a terminar con sus problemas de desabastecimiento.