¿Una nueva Fuerza Armada?

Desde hace algunos días, el Gobierno impulsa una intensa campaña propagandística sobre la Fuerza Amada, en la que se resalta que la de hoy es diferente a la de la guerra civil y se enaltece el papel que ha jugado la institución, en especial su titular, Francis Merino Monroy, durante las recientes emergencias. La campaña tiene, por lo menos, un doble propósito. El primero y más obvio es preparar un ambiente favorable para la interpelación de Merino Monroy por parte de la Asamblea Legislativa, por la participación del Ejército en la toma del hemiciclo legislativo en febrero de este año, un hecho que constituye el mayor error político de la presente administración y una de las acciones puntuales más atentatorias contra el régimen democrático.

El segundo propósito es más estratégico y va más allá de la defensa de un ministro al que le faltan luces para representar con dignidad a las mujeres y hombres de uniforme. Nayib Bukele quiere granjearse el apoyo incondicional de los militares en un momento en que hay voces de descontento al interior de las filas castrenses. Además, no existe régimen autoritario que no necesite al Ejército para consolidar y mantener su poder. La historia del país demuestra con claridad que la Fuerza Armada ha sido el principal instrumento para dar sostenibilidad a Gobiernos autoritarios, pero también para hacerlos a un lado cuando no responden a los intereses de los poderosos. De ahí que tenerla de aliada sea fundamental.

Los argumentos que esgrimirá el ministro en la interpelación pueden anticiparse con facilidad. Casi seguramente argumentará que la Fuerza Armada es una institución obediente, profesional, apolítica y no deliberante, como reza el artículo 211 de la Constitución, y que está bajo las órdenes directas del presidente de la República (art. 213). El problema es que en nombre de esa obediencia se han cometido atrocidades. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “deliberar” significa “considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos”. Entre los sinónimos de “deliberar” aparecen “debatir”, “discutir”, “examinar”, “decidir”. Es decir, según su naturaleza, el Ejército y sus integrantes no debaten, ni discuten, ni examinan, ni deciden, solo obedecen, sin discernir sobre la moralidad o ética de lo mandado.

Así, cumpliendo su misión sin consideraciones de ningún tipo sobre las órdenes recibidas, se cometieron en el pasado muchos crímenes de guerra y de lesa humanidad, como las masacres en el Sumpul y El Mozote, o el asesinato de las religiosas norteamericanas y el de los periodistas holandeses, por citar solo unos ejemplos. Con equivalente razonamiento se participó en la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de este año, siendo parte de lo que a todas luces fue una arenga partidaria y una violación al orden constitucional.

Si en realidad ahora se tiene una nueva Fuerza Armada, ¿por qué esta no abre sus archivos para aclarar de una vez por todas los crímenes en los que participaron elementos y unidades militares? Con ello se cerraría ese vergonzoso capítulo de la historia salvadoreña y se aliviaría el sufrimiento de las víctimas, cuya exigencia de verdad, justicia y reparación nunca ha sido escuchada. Eso sí dignificaría a la institución, mucho más que la onerosa publicidad. La negativa a hacerlo, tanto por parte del presidente como de los altos mandos militares, expresa que los nombres y las personas pueden cambiar, pero la doctrina sigue siendo la misma del pasado.

Reconocer y agradecer lo que las mujeres y hombres del Ejército han hecho por el país en estos tiempos no implica cerrar los ojos al rol político que ha jugado la Fuerza Armada y a la necesidad de limpiar su nombre. Por otro lado, mientras el gasto en publicidad sigue creciendo y la inversión en equipamiento para los militares se exhibe sin pudor, los trabajadores de la salud claman por equipos de bioprotección contra el virus y por el bono de $150 mensuales que se les prometió el 18 de marzo. Se invierte en publicidad y armas, no en salud. Ese es también uno de los viejos vicios del pasado.