Una PNC corrupta e infiltrada

Recientemente, UCA Editores publicó Infiltrados, del periodista Héctor Silva Ávalos. En el libro, Silva busca mostrar, con profusión de datos, la infiltración de la PNC por el crimen organizado, señalando la complicidad del Estado en ello. La lectura resulta, por un lado, amena, pues es una muy interesante historia, pero a la vez genera gran preocupación. Lo que ocurre al interior de la Policía, su vinculación con el crimen organizado y su corrupción, es muy grave y lleva a sentir una profunda desconfianza en esa importante institución, y a pensar que la población está desprotegida ante el accionar de las bandas criminales.

La corrupción y la infiltración de la PNC no son un descubrimiento nuevo ni una problemática reciente. Data de años, casi desde el nacimiento de la corporación. Los observadores de Onusal señalaron algunos de estos problemas desde muy temprano, y a lo largo de sus más de 20 años de historia no solo se ha sospechado de sus vínculos con el crimen organizado, sino que se ha contado con evidencias importantes, pero no se ha actuado para corregirlo. Según Silva, la corrupción de la Policía viene desde su fundación, al ser infiltrada por el crimen organizado existente al final de la guerra y por grupos que se crearon entre 1992 y 1996, aprovechándose de la situación de transición generada por los Acuerdos de Paz. A ello se sumó la incorporación a la PNC de 25 oficiales provenientes de la Fuerza Armada, que rápidamente se hicieron con el control de la institución.

Y es precisamente esto lo que llama la atención: durante dos décadas, el Estado salvadoreño ha permitido que la Policía se corrompa sin tomar cartas en el asunto. No es posible alegar desconocimiento ni falta de pruebas, porque estas siempre han existido. Por ejemplo, durante la administración de Mauricio Sandoval, se trató de poner fin a algunos desmanes de los mandos de la institución y de sus más importantes divisiones, pero nada se avanzó en ello. Hasta la fecha, la tónica ha sido minimizar las acusaciones, desmentirlas, restarles importancia, afirmar que nada se puede comprobar. En el mejor de los casos, se ha llegado a apartar de la PNC a los implicados de manera solapada, silenciosa, ofreciéndoles exilios de oro en embajadas salvadoreñas, pero nunca llevándolos a juicio. Este fue el caso del exdirector Ricardo Meneses. A pesar de haberse comprobado su vinculación con la banda de narcotraficantes y contrabandistas conocida como Los Perrones, se le dio un cargo de agregado policial en la embajada salvadoreña en Washington; y finalmente, fue despedido por abandono laboral.

Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el Estado salvadoreño ha protegido a los agentes policiales corruptos de alto nivel. Incluso cuando sus nombres han aparecido en investigaciones sobre el crimen organizado realizadas por la Fiscalía General de la República, se evitó que fueran señalados por sus vínculos con criminales, se les protegió para que no fueran llevados a juicio. Tampoco la Inspectoría General de la PNC ha hecho el trabajo que le corresponde; no ha cumplido con su misión de "controlar y supervisar los servicios operativos y de gestión de la Policía Nacional Civil en el marco constitucional y en consideración a las demandas sociales, con irrestricto respeto a los derechos humanos, para contribuir a una actuación policial eficaz y a la conducta ética de los policías".

La realidad nos dice que la Inspectoría ha sido una instancia inoperante, especialmente con los más importantes y corruptos jefes policiales. La mayor evidencia de esto se dio cuando Zaira Navas realizó las investigaciones debidas y abrió expedientes a varios de los jefes policiales señalados por corrupción. A iniciativa de los partidos Arena, Gana, PCN y PDC, la Asamblea Legislativa reaccionó creando una comisión que investigara la actuación de la inspectora Navas, acusándola de perseguir a los oficiales que venían del Ejército o de la extinta Policía Nacional. Finalmente, ella se vio forzada a dimitir y los casos que llevaba avanzados quedaron en nada; los oficiales investigados fueron sobreseídos por su sucesor, Carlos Rodolfo Linares Ascencio. De ese modo, se echó por la borda el buen trabajo de Zaira Navas y se permitió que los sospechosos retomaran el control de la institución, con lo que el crimen organizado siguió caminando a sus anchas.

Es lamentable, pero sobre todo muy peligroso, que la PNC, uno de los principales frutos de los Acuerdos de Paz, haya traicionado las expectativas de la población y fallado a su deber fundamental de luchar contra el crimen. En esta nueva etapa, con la llegada a la Presidencia de la República de Salvador Sánchez Cerén, la población debe exigir con fuerza que se tomen las medidas necesarias, que se actúe con energía para devolver a la Policía su carácter civil y sea fiel a su misión: "Garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, la seguridad, la tranquilidad y el orden, previniendo y reprimiendo el delito, con estricto respeto a los derechos humanos, integrando el compromiso del personal y la participación de la población, contribuyendo al fomento del Estado de derecho y al desarrollo integral del país".