Urgentes cambios en el sistema político-electoral

Esta semana se hizo público que la Asamblea Legislativa pretende reorganizar sus tiempos de trabajo para que los diputados puedan dedicar los jueves y viernes a la campaña electoral. Aunque de esto no se ha hablado públicamente, también los asesores y colaboradores legislativos podrán sumarse a las actividades proselitistas de los partidos. Llama la atención que algunos candidatos presidenciales se hayan manifestado a favor de la medida y la consideren normal. Es probable que los honorables miembros de la Asamblea no hayan reparado en que con esa decisión están robándole dos días del trabajo a la legislación para la que fueron elegidos. Con seguridad, tampoco están conscientes de que el salario que reciben proviene de fondos públicos, de los impuestos que pagamos, y que han sido elegidos para legislar, no para hacer campaña política. Si en esta elección, en la que no participan como candidatos, pretenden tomarse dos días libres a la semana, ¿cuántos querrán el próximo año, con la elección legislativa? Quizás al menos tres, pues estará en juego la reelección de muchos y querrán entregarse en cuerpo y alma.

Esto sería menos grave y escandaloso si la Asamblea tuviera ordenada la casa, si no le debiera nada a la población. Pero, como sabemos, no es así; hay un número importante de leyes sobre temas delicados para el país que están esperando ser estudiadas en las comisiones respectivas y llevadas al plenario para su aprobación. Las de vivienda de interés social, del agua, de la minería, de los medios de comunicación públicos y radios comunitarias, y de seguridad y soberanía alimentaria son solo algunas de ellas. Y su aprobación es urgente porque beneficiarán a los sectores más desfavorecidos y protegerán a la población de los abusos del poder político y económico. Con esa carga de trabajo pendiente, no hay justificación alguna para que los diputados se tomen días libres a costa del erario público. Si desean sumarse a las campañas políticas, pueden hacerlo durante los fines de semana, como les toca a los militantes que trabajan y apoyan los eventos de su partido. Y si quieren hacerlo en horas laborales, lo menos que se les debería pedir es que resten de su salario el tiempo que dediquen a la campaña electoral.

Pero como eso no sucederá, lo más atinado es hacer cambios en el sistema político que impidan la irresponsabilidad laboral en la Asamblea. Uno de ellos —necesario por muchas razones, además de impedir el abuso— es la celebración de las elecciones legislativa y presidencial conjuntamente. Así, cuando el Tribunal Supremo Electoral convocara a comicios, se disolvería la Asamblea Legislativa y los diputados tendrían todo el tiempo libre para dedicarse de lleno a la campaña. Y la nueva legislatura podría instalarse 20 días después de celebradas las elecciones y el Presidente de la Republica podría tomar posesión a los 30 días de haber sido elegido. Y si la campaña electoral se redujera a dos meses, todo el proceso electoral tendría una duración de tres meses, tiempo más que suficiente y razonable. Por supuesto, todo lo anterior requeriría de una reforma constitucional y, por tanto, no podría implementarse a corto plazo. Pero precisamente por ello, la actual legislatura debería dar ya el primer paso, a fin de que el cambio sea ratificado por la siguiente.

Acortar el proceso electoral y el período que media entre la elección y la toma de posesión aportaría estabilidad a El Salvador. Es de sobra conocido que la Asamblea Legislativa aprovecha la correlación de fuerzas para aprobar leyes en los meses en que ya hay nueva legislatura electa. A tanto ha llegado esa costumbre que se ha incurrido en decisiones inconstitucionales, como la de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le correspondía elegir a la siguiente nómina parlamentaria. Por otro lado, al disminuir el número de procesos electorales, se reducirían los gastos del Estado y, mejor aún, aumentaría la tranquilidad de la población en materia de propaganda electoral. El sistema actual obliga a que tengamos elecciones con una frecuencia desmedida. En tres años habremos tenido igual número de eventos: en marzo de 2012, de diputados y alcaldes; en febrero de 2014, presidencial; y en marzo de 2015, de nuevo, legislativas y municipales. No es de extrañar que tanto proceso electoral, con las campañas vacías a las que nos han acostumbrado los partidos, haya provocado cansancio e indiferencia en la ciudadanía.

Finalmente, la elección conjunta de diputados y de Presidente de la República facilitaría al partido gobernante establecer las alianzas necesarias para echar a andar sus proyectos. El Presidente gobernaría con la misma Asamblea durante todo el período de su mandato, con lo cual podría, desde el principio, llegar a acuerdos que aseguraran la estabilidad política a lo largo de sus cinco años. En la actualidad, un Gobierno puede toparse hasta con tres legislaturas. Y precisamente esto le ocurrirá a quien sustituya a Mauricio Funes al frente del Ejecutivo. Por todo esto, es urgente que se hagan cambios en el sistema político salvadoreño; es urgente fortalecer la democracia y poner un alto a los abusos actuales.