Verdad y censura

Cuando se trata de calumniar o injuriar a personas, hay gente que se pone nerviosa si se le dice que eso no se puede hacer. La declaración de inconstitucionalidad de una parte del ya famoso artículo 191 del Código Penal ha preocupado a los dueños de varios medios de comunicación. Y ello pese a que saben que antes de la inclusión de ese artículo en el código, no hace mucho, nadie había ido a la cárcel por calumnias, etcétera. Sin embargo, cuando se trata de un documental en el que se denuncian algunos crímenes cometidos por elementos de la Fuerza Armada, aparecen rápidamente algunos oficiales retirados pidiendo al presidente Funes que retire la película de la televisión oficial. Y ello, en el fondo, porque esas masacres o asesinatos se convirtieron en crímenes institucionales al no hacer nada los comandantes de aquel entonces por perseguir esos delitos adecuadamente.

Luego de que elementos del Ejército salvadoreño asesinaran a Ellacuría, sus compañeros y colaboradoras, el entonces coronel Ponce le dijo a uno de los jesuitas que participó en el seguimiento del caso que no acusara a la institución armada, sino que especificara nombres de militares. Pero ya después, y siendo ministro de Defensa, escribió una carta a la Comisión de la Verdad, firmada junto con el ministro Santamaría, en la que pedía a sus miembros que no dieran nombres de personas en el informe que preparaban. Y que en todo caso, sólo se mencionaran nombres de instituciones. Esa carta existe; se le puede mostrar a cualquiera que desee verla. Y esa doble posición deja en evidencia la doble moral de quienes defienden en público a la institución castrense, pero después la utilizan para ocultarse dentro de ella y evitar que les toque alguna acusación.

Este país necesita más verdad, con o sin artículo 191. Y si se dicen las cosas como son, tanto del presente como del pasado, no hay por qué temer. Es evidente que la Fuerza Armada de El Salvador tiene responsabilidad institucional en crímenes de lesa humanidad. Y lo mejor que podría hacer es reconocerlo. Porque mientras no lo haga seguirá siendo vista como una institución que oculta a quienes violaron gravísimamente los derechos humanos durante la guerra civil salvadoreña. Hacer caso a ciertas asociaciones de militares retirados no es más que encubrir a algunos de ellos, que gustan de refugiarse en el grupo para eludir responsabilidades personales.

También el presente necesita que se digan las cosas con mayor sinceridad y verdad. Cuando la ANEP, por citar un ejemplo, se opone a que las trabajadoras del hogar puedan integrarse en el Seguro Social, comete un error histórico de primera magnitud. Y muestra un estilo clasista, despectivo para con los pobres y nada propositivo frente a lo que es un derecho de las personas. Y ello a pesar de las razones que puedan dar, como la que generalmente usan: evitar que colapse el Seguro Social. Si en vez de ello aceptaran aportar un poco más por las trabajadoras del hogar o por sus propios empleados, no habría ningún problema. Pero se ve que los cordones de la bolsa están demasiado amarrados cuando no se trata de lujos personales.

Hacer verdad en El Salvador es una tarea pendiente de cara a nuestro pasado y presente. La declaración de inconstitucionalidad de una parte del artículo 191 no nos preocupa mayormente a quienes queremos cumplir con esa tarea. Nos preocupa mucho más que un grupo de militares retirados se oponga a la investigación histórica y que la Fuerza Armada de hoy no los desautorice, alejándose públicamente de ellos. Si habrá Fuerza Armada en El Salvador del futuro, es indispensable que sea una Fuerza Armada democrática. Y, ciertamente, quienes violaron los derechos humanos en el pasado no son demócratas ni partidarios de la libertad de expresión. A este respecto, es significativo que no usen las posibilidades que les da la declaración de inconstitucionalidad del artículo 191. Ahora podrían denunciar por calumnia a quienes afirman que violaron personal e institucionalmente los derechos humanos. ¿Por qué no lo hacen, en vez de pedirle al señor Presidente que practique la censura? La respuesta es simple: saben de sobra que hubo gravísimas violaciones de derechos humanos atribuibles personalmente a algunos militares e institucionalmente, en algunas situaciones, a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada actual debería desmarcarse claramente de estos militares retirados, partidarios de la censura, incapaces de utilizar los mecanismos institucionales del país en su propia defensa, y claramente antidemocráticos. De lo contrario, continuará apareciendo como cómplice del silenciamiento de los crímenes del pasado.