Verdadera justicia

El caso de la masacre en la UCA toca las fibras más hondas de esta universidad, como lo sabe todo mundo. Por eso quedó claro desde un principio qué buscaban los operadores de justicia del régimen al apropiarse del caso prescindiendo de las víctimas. Esperaban que la Universidad reaccionara inmediatamente ante la petición de declarar nulo el fallo de la Sala de lo Penal, para seguir con su campaña de mentiras y calumnias, pero se equivocaron. Es difícil creer que la justicia les interesa a funcionarios que ocupan sus cargos gracias a la injusticia. Hacer justicia les es ajeno porque han sido impuestos precisamente para lo contrario, para impedirla y ponerse al servicio de la máquina de intolerancia que pretende arrollar a todo aquel que dice la verdad y denuncia las mentiras.

Desde el mismo día en que se perpetró la masacre en 1989, la UCA y la Compañía de Jesús dijeron claramente que pedían justicia, no venganza. También dijeron sin ambigüedad que para hacer justicia tenía que conocerse primero la verdad, y que después vendría el perdón. Pero para el régimen y sus asociados esto no es fácil de entender, pues confunden la justicia con la venganza. Ambas son radicalmente distintas: lo propio de la primera es buscar el bien; la venganza persigue dañar. La confusión no es puramente conceptual. Menos aún en un contexto donde se atiza el odio y el desprecio, y se pretende enmascarar con un discurso de justicia el mal que se busca causar.

La UCA y la Compañía de Jesús estiman que en el caso del coronel Benavides se ha dicho verdad y se ha hecho justicia. Se ha reconocido judicialmente la responsabilidad de Benavides, él ha pasado más de cinco años en prisión y es un adulto mayor que padece enfermedades crónicas. Ahora, después de la verdad y la justicia, corresponde el perdón. Por eso, en 2017, la UCA solicitó la conmutación de la pena, nunca el indulto, como asegura la maquinaria del régimen. Que funcionarios sin mayor formación no sepan la diferencia, no extraña, pues solo repiten lo que se les ordena. Pero que lo digan quienes están en el máximo organismo de justicia, indigna.

El indulto borra la responsabilidad en el crimen, y lo concede la Asamblea Legislativa. En cambio, la conmutación de pena no borra la responsabilidad, sino que la reconoce; y la concede la Corte Suprema de Justicia por las condiciones particulares del sancionado. Además, los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no son indultables, tal como lo estipula el derecho internacional de los derechos humanos. La UCA está dispuesta a perdonar siempre y cuando se reconozca judicialmente la verdad y se haga justicia. Esto vale para los autores intelectuales de la masacre, sean quienes sean e independientemente del sector al que pertenezcan. Estos matices son irrelevantes para quienes no buscan justicia, sino la manipulación política de la institucionalidad pública.

La UCA quiere justicia, verdadera justicia, y ha luchado incansablemente por ello. La actual administración comparte con las anteriores su desprecio por las víctimas. Los Acuerdos de Paz fueron discutidos, aprobados e implementados sin la participación de las víctimas de la guerra. Desde entonces, la impunidad cobró carta de ciudadanía en el país. Casi 30 años después, el Gobierno de Nayib Bukele hace suya esa tradición a través de su fiscal y su Corte Suprema. Ya demostró su desprecio por las víctimas de la masacre en El Mozote y por todas las víctimas de la guerra. Quieran o no, las víctimas en el caso de la masacre en la UCA son los familiares de los asesinados, la Compañía de Jesús y la misma Universidad. Ninguno de ellos ha sido tomado en cuenta por la Fiscalía.

Si buscan verdadera justicia, ¿por qué la Fiscalía no ha hecho nada con respecto a las más de 70 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil que ha interpuesto el Idhuca desde hace años? Si buscan verdadera justicia, ¿por qué no se ha actuado ante la denuncia por prevaricato, interpuesta por la Universidad, contra dos magistrados que apoyaron el cierre del caso de la masacre en la UCA? Si buscan verdadera justicia, ¿por qué no se ordena la entrega de todos los archivos militares para esclarecer la masacre en El Mozote y muchas otras barbaries que ocurrieron durante la guerra?

Que sectores políticos que siempre han estado en contra de hacer verdadera justicia y que ahora se dan baños de pureza pretendan apropiarse del caso de la masacre en la UCA es despreciable, inhumano. Está tan claro lo que buscan que no es difícil anticipar un final en el que se exonera a los acusados que pertenecen a alguno de los grupo aliados del Gobierno, mientras se condena a otros para alimentar la farsa de justicia. Más allá de estas mezquindades, la UCA seguirá buscando verdad y justicia tanto para este caso como para otros, y seguirá denunciando las artimañas y corruptelas del poder. No la callarán.