¿Olvidó la contraseña?
Ingrese su correo electrónico:
Cree su cuenta
El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA presentó el 9 de enero, en conferencia de prensa, los resultados del sondeo: “Los salvadoreños y salvadoreñas opinan sobre el desplazamiento interno forzado por violencia y las medidas extraordinarias”. La presentación contó con el análisis de Rina Montti, Abraham Ábrego y David Morales, de Cristosal, organización defensora de los derechos humanos que apoyó la realización de la encuesta.
De acuerdo a Ábrego, en términos generales, los resultados muestran una variación importante en la opinión ciudadana sobre la población carcelaria y la situación de las víctimas de desplazamiento interno forzado. En encuestas anteriores, explicó, los consultados mostraron “una clara posición mayoritaria hacia acciones de tipo represivo”. En cambio, hoy “hay mayor conciencia” sobre la graveda
d y complejidad del problema de la seguridad.
En esta línea, 8 de cada 10 salvadoreños piensan que el Estado debe reconocer el desplazamiento interno forzado por la violencia; 7 de cada 10, que las restricciones aplicadas en algunas cárceles redujeron poco o nada la delincuencia; el 51.4% apoyaría la creación de una ley de rehabilitación para pandilleros; el 57.6% cree que con las condiciones adecuadas cualquier persona pueda rehabilitarse; y el 57.6% asegura que deben respetarse los derechos humanos de todas las personas, incluso de los delincuentes.
Sin embargo, respecto al desempeño de la PNC y sus facultades para combatir al crimen, las opiniones se muestran divididas.
Para David Morales, pese a este tipo de opiniones, que considera fruto de “más de dos décadas de enfoques represivos y populismo punitivo”, el estudio da insumos esperanzadores desde la perspectiva de los derechos humanos. “Hay una voz de la población que está diciendo que es posible un camino integral (...). El enfoque manodurista en El Salvador es un enfoque fracasado, que nos tiene donde estamos. Es hora del camino integral, de la inversión en políticas integrales de seguridad”, apuntó.
La encuesta se llevó a cabo entre el 16 de noviembre y el 2 de diciembre, y contó con una muestra total de 1,806 entrevistas a personas adultas.
