Estado y subsidiariedad

Un principio básico de la gobernanza es la subsidiariedad. Así como lo que puede hacer el individuo o la familia no debe ser sustituido por el Estado, tampoco el Estado debe sustituir lo que pueden hacer las instancias sociales más pequeñas. El caso de las alcaldías es típico. Lo que ellas pueden hace no debe ser sustituido por el Estado. Y lo mismo podríamos decir de asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otro tipo de institución que ayude a crear vínculos sociales o persiga el buen funcionamiento de la convivencia ciudadana. Organizaciones locales que defienden sus derechos, asociaciones defensoras de derechos humanos, juntas de administración de aguas o bosques comunales prestan un servicio importante a la vida social de un país. Por supuesto, tienen que ser respetuosas con el marco legal y constitucional nacional. Pero sus aportes no deben ser menospreciados por el Estado. Al contrario, el buen gobierno debe siempre apoyar y facilitar el trabajo de las instituciones y organizaciones intermedias.

El mayor enemigo de este principio de subsidiariedad, fundamental para la amistad social y el funcionamiento fraterno y ágil de nuestras sociedades, suele ser el Estado autoritario. A este le gusta ver como a menores e inferiores a todo tipo de organizaciones secundarias. Y tiende siempre a desarrollar un paternalismo y una dependencia que no solo impiden crecer a las instancias sociales pequeñas, sino que reproducen las pautas autoritarias del propio Estado. Se puede decir que sin subsidiariedad no puede haber democracia, porque las personas no solo desean que el Estado regule la convivencia ciudadana en beneficio de todos, sino que permita la creatividad y el desarrollo de los distintos grupos que surgen de modo espontáneo ante las necesidades de la vida social.

En El Salvador se está viendo con preocupación una tendencia al centralismo estatal autoritario que no solo daña la subsidiariedad, sino que incluso agrede a toda institución que critica las deficiencias del Estado y a sus poderes constituidos. Una muestra de este deseo de control es la reducción del Fodes a las municipalidades y la constitución de un organismo estatal central de desarrollo municipal que determine y controle el uso de los fondos dedicados a las alcaldías. La ley de agentes extranjeros es otra muestra de la incapacidad del Estado de dialogar con instituciones intermedias y buscar el bien común junto a ellas. Con el agravante de que es una ley orientada a severos controles ideológicos y punitiva para quien disienta de los gustos arbitrarios del Estado. La subsidiariedad no funciona así.

Históricamente, los políticos salvadoreños han tratado de funcionar uniendo de un modo autoritario el poder y el capital. Cuando se ha intentado aumentar la participación ciudadana y los poderes establecidos perciben en ello una reducción de sus capacidades de control social, las respuestas suelen ser agresivas. En la situación actual, el Gobierno ha pactado con un serie de personas o grupos económicamente poderosos, al tiempo que busca imponerse en todos los demás campos, olvidándose del papel importante de las organizaciones intermedias y, por supuesto, del principio de subsidiariedad. Produce con ello una severa limitación a la riqueza social del país. Y no conviene engañarse: sin riqueza social no habrá riqueza económica. Además, al cambiar el diálogo por la ofensa y la mentira contra quienes piensan diferente, el propio Gobierno comienza a cavar la fosa de su desprestigio y fracaso. Algo lamentable dado que tiene capacidad de hacer bien algunas cosas. Si dialogara, en vez de imponerse con la amenaza y el insulto, tendría muchas más posibilidades de reconocimiento.

* José María Tojeira, director del Idhuca.