Justicia tardía, justicia débil

Recientemente se conoció la condena del exmininistro de Defensa Guillermo García. Sus años como ministro fueron los más brutales de la guerra civil; terribles masacres y otras barbaries se cometieron en su época al frente de la Fuerza Armada. Ello hace pensar que el Ejército tenía una estrategia definida de represión y eliminación física de todo lo que significara o pudiera significar oposición a la política autoritaria y represiva de aquel entonces. La jueza que condenó a García también le ordenó al Estado pedir disculpas a los familiares de las víctimas. Faltó exigirle a la Fuerza Armada que revisara su historia, que renunciara a un pasado de represión y crimen, y que pidiera las disculpas correspondientes. La masacre en El Mozote y otras zonas del país son parte de un modo de proceder que debe ser rechazado públicamente por las autoridades actuales de la Fuerza Armada.

La justicia tardía, aunque positiva tanto para los familiares de las víctimas como para El Salvador en su conjunto, tiene algunos problemas inherentes. En primer lugar, las personas enjuiciadas y condenadas son sombras de lo que fueron. De ser imbatibles en su momento, son ahora ancianos, enfermos, hombres debilitados por el paso del tiempo. Además, no existe en El Salvador ninguna cárcel que reúna las condiciones adecuadas para recluir a personas de la tercera edad. Dada la inhumanidad que impera en los centros penitenciarios nacionales, encerrar a ancianos en ellos no debería ser una opción. Ciertamente, algunos sectores podrían verse tentados a pedir que sufran por lo que hicieron, pero la justicia nunca debe convertirse en venganza.

La impunidad de crímenes de lesa humanidad es un cáncer para la sociedad que la tolera. Sin embargo, la justicia tardía también contribuye al deterioro de la convivencia, especialmente cuando llega tan tarde como en el caso de García y de otros como él. La excesiva lentitud destruye la credibilidad de los sistemas judiciales y deja hechos importantes a merced de la política y de las redes de influencia del poder. No es justo ni decente esperar a que los violadores de derechos humanos tengan 80 o 90 años para juzgarlos. En ese sentido, la tarea es crear políticas que rompan la impunidad, eliminen la lentitud tradicional del sistema judicial y corrijan la tendencia cultural a confundir justicia con venganza. Incluso con las limitaciones de la justicia tardía, la sentencia en contra de García debería estimular al sistema judicial y fiscal a revisar sistemáticamente todos los casos pendientes y a agilizar su enjuiciamiento. La lentitud con la que se procesa a los detenidos del régimen de excepción no es un buen presagio para los casos del pasado. Es fundamental evitar que las obligaciones de justicia se demoren, se teatralicen o se conviertan en espectáculo.