La UCA no tiene nada que esconder

En los últimos días, la UCA ha vuelto a ser blanco de ataques por parte de algunos diputados que, ya sea por ignorancia o mala fe, han hecho afirmaciones que buscan afectar la percepción de la población sobre el trabajo de esta casa de estudios. Por sus cargos y por responsabilidad, los funcionarios deberían saber con propiedad la finalidad con la que fondos públicos fueron confiados a la UCA. Al preguntarse retóricamente qué se ha hecho con los fondos confiesan su propia negligencia. Sin embargo, por respeto a la población, nos pronunciamos públicamente sobre este tema.

La UCA, desde 1976, no ha recibido ningún tipo de subsidio o donación gubernamental. Precisamente ese año, por decir la verdad a través del editorial de ECA “A sus órdenes, mi capital”, el Estado cortó todo tipo de ayuda para la Universidad, y eso no ha cambiado desde entonces.

Por su misión, por su compromiso social con las mayorías y con la realidad, la UCA ha respondido a prácticamente todos los Gobiernos que la han buscado para implementar iniciativas o proyectos en beneficio del pueblo salvadoreño. Todos estos apoyos que ha brindado la UCA han estado enmarcados en convenios interinstitucionales, firmados para realizar un proyecto de interés nacional. Cada convenio cuenta con su presupuesto, plan de trabajo, detalle de productos esperados y respectiva rendición de cuentas acreditada.

Las cifras manejadas por los diputados indican que tienen que informarse mejor. Solo en convenios con el Ministerio de Educación, que son la inmensa mayoría, la UCA implementó, entre 2011 y 2020, un total de 51 proyectos por un monto total de $30,183,943.54. De todos esos proyectos hay información detallada y con comprobantes. La ejecución de los realizados entre 2011 y 2018 fue auditada por el Ministerio de Educación y/o por la Corte de Cuentas de la República. De los proyectos correspondientes a los años 2019 y 2020 las autoridades aún no han realizado la respectiva auditoría, pero la Universidad ha estado lista para someterse al escrutinio. Por otra parte, cada año, la UCA reintegró los remanentes que quedaban de cada proyecto, haciendo un monto total, en concepto de reintegro en este período (2011-2020), de $717,617.51.

Por citar algunas materias de los convenios, la UCA colaboró todos estos años en el diseño, apoyo logístico y procesamiento de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media, conocida como PAES. Participó en la especialización de docentes de tercer ciclo de educación media para la enseñanza de Lenguaje y Literatura, Estudios Sociales, Matemática, Biología, Química y Física. Apoyó en la atención a estudiantes con sobreedad de centros educativos focalizados mediante la implementación de estrategias educativas alternativas. Asumió el proyecto de asistencia técnica a las 30 escuelas de educación especial. Impartió cursos y capacitaciones a directores y docentes sobre el modelo Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno.

También formó a especialistas y docentes de primero y segundo ciclos de educación básica en las cuatro asignaturas básicas del currículo nacional. Participó en la acreditación institucional de centros educativos privados y en la evaluación trimestral de aprendizajes para estudiantes de tercer, sexto y noveno grados y de segundo año de bachillerato del sistema educativo nacional. Y sigue un largo etcétera. Acá puede consultarse la lista de los convenios de proyectos que la UCA implementó para el Ministerio de Educación entre 2011 y 2020, con sus respectivos montos y detalles: https://uca.edu.sv/-proyectos-uca-mined.

Dando el beneficio de la duda, quizás los funcionarios desconocen de los convenios previos a 2019 porque no han solicitado la información respectiva. Pero no se entiende que desconozcan los convenios de proyectos del actual Gobierno implementados con la UCA. Solo en 2019 y 2020, la Universidad y el Gobierno firmaron convenios por 10 proyectos de cooperación. Entre el 1 de junio de 2019 y diciembre de 2020 se han implementado 7 proyectos por un monto total de $1,856,329.00, de los que se ejecutaron $1,809,822.97.

Independientemente del color político de quien esté gobernando, la UCA siempre ha estado dispuesta a participar en iniciativas que ayudan a la población, especialmente a la más pobre y necesitada. A través de los proyectos, la Universidad ha tenido la oportunidad de servir a miles de maestros y maestras, a cientos de miles de estudiantes del país, a instancias del Estado, intentando por sobre todo aportar a la mejora de la educación e incidir positivamente en la construcción de un país más humano, justo y en paz.

Para la UCA, ser contratada por el Estado para la ejecución de proyectos nunca ha implicado ni implicará perder la independencia ni el espíritu crítico que la caracterizan. De esa independencia y espíritu crítico es prueba el largo historial de pronunciamientos, editoriales y artículos académicos publicados por la Universidad, en los que se han puesto al desnudo los problemas de la realidad y sus responsables en el Gobierno, desde los de Arena y el FMLN hasta los actuales.

En 2021, el Gobierno de Nayib Bukele cortó unilateralmente los convenios de cooperación con la UCA, pero no porque esta haya faltado a la honradez, la responsabilidad y la transparencia en el manejo de los recursos, sino por la intolerancia del Ejecutivo a la crítica y a la verdad. Los señalamientos a la UCA sobre la recepción de fondos estatales no son gratuitos; son parte de una campaña gubernamental que busca desprestigiar a la Universidad por su postura racional y fundamentada ante el rumbo que lleva el país. Más allá de proyectos o convenios, lo fundamental e irrenunciable para la UCA son sus principios y su compromiso con la verdad y la justicia social.

La Universidad ha estado, está y estará abierta al escrutinio, como debería estarlo toda instancia que maneje fondos públicos; la UCA no tiene nada que esconder. Su prestigio, reconocimiento y credibilidad nacional e internacional son producto de esta trayectoria.  Antes de levantar el dedo acusador, y para predicar con el ejemplo, el Gobierno y los diputados deberían transparentar el uso de todos los recursos públicos. Así tendrían la autoridad moral y credibilidad requeridas para hablar de transparencia y honradez.

Antiguo Cuscatlán, 15 de octubre de 2021