Otra cara de la seguridad

Evidentemente, no es nada “sencillo” determinar si las capturas del régimen de excepción están o no justificadas. En esto no se equivoca uno de los responsables de la ejecución del régimen carcelario de la dictadura. No es tarea simple, porque, además de pandilleros, se captura a  activistas del medioambiente, a líderes destacados de las comunidades, a los que se resisten a la expropiación de sus tierras por parte de Bukele y sus socios, y a los que hacen bulto para llenar la cuota asignada por los directores de la represión a sus agentes.

La averiguación de la culpabilidad de los capturados se complica aún más por la falta de interés en comprobar fehacientemente los hechos de los cuales son acusados. El régimen de excepción no dispone de los medios técnicos indispensables ni del conocimiento mínimo para usarlos de forma eficaz. La dictadura enfatiza la cantidad. Entre más capturados, más seguridad. Si algunos fallecen en el camino o caen asesinados por los torturadores en las cárceles, mala suerte. No hay policías “perfectas”, se excusa la dictadura. Estos muertos son daños colaterales, sacrificados por un bien mayor: crear la sensación de seguridad en un amplio sector social.

En un nuevo esfuerzo por mostrar la corrección y la seriedad del régimen de excepción, la dictadura, sin quererlo, pone al descubierto su ineptitud. El vocero de la dictadura asegura haber identificado y localizado a los ocho mil pandilleros que aún gozan de libertad. Más aún, sus perfiles “están en la palma de la mano de nuestra fuerza del orden”. Si dice verdad, cómo explica que todavía estén en libertad. El régimen de excepción, el mayor logro de la dictadura, adolece de la misma incapacidad operativa que el resto de las instancias estatales.

La represión es poco rigurosa. El manejo de los datos, como la gestión de toda la operación, es caprichoso. Los ocho mil pandilleros localizados, pero no capturados, es un decir de la dictadura. Carece de datos que respalden la afirmación. La cifra es útil para justificar la prolongación del régimen de excepción como instrumento para aterrorizar a la sociedad. Tampoco tiene claridad sobre los culpables y los inocentes. Por un lado, investiga la posición que ocupaban en la jerarquía de las pandillas; por otro, admite que todos son pandilleros, ya que solo pone en libertad, después de un examen concienzudo, a quienes fueron obligados a formar parte de ellas. En consecuencia, el “trabajo responsable” de la dictadura consiste en determinar si la pertenencia a la pandilla fue libre o forzada.

Los directores del régimen de excepción están tan seguros de sí mismos que prescinden de la lógica, y la contradicción, incluso en una misma intervención, les tiene sin cuidado. Dan por hecho que la opinión pública acepta sus afirmaciones sin más por provenir de funcionarios que gozan de la confianza de Bukele. La misma altanería se observa en este nivel de la burocracia dictatorial. Los ejemplos no faltan. Los responsables del tráfico terrestre impusieron unos límites de velocidad en la Monseñor Romero sin considerar el diseño del bulevar. El “descuido” se ha traducido en información confusa y en una ejecución errática. La aplicación de la norma es selectiva. Amparados en esa práctica, los buseros piden rebaja de las sanciones por violar las normas de tráfico.

Los legisladores de más jerarquía suelen insistir en lo mucho que trabajan. Pero el trabajo lo hace Casa Presidencial. Ellos se contentan con ratificar sin más lo que ella decide. Ni siquiera se molestan en disimular su indiferencia. Aprobaron la minería metálica a partir de las opiniones infundadas de unos pocos funcionarios. El ministerio responsable del medioambiente no tiene empacho en aceptar que no tiene estudios sobre la cantidad de oro existente ni sobre el impacto de la minería en el ecosistema. Tanto la opinión calificada como la popular han sido despreciadas. La única voluntad que cuenta es la de Bukele. Las legislaturas anteriores al menos tenían un poco más de vergüenza.

La seguridad de Bukele desprecia la justicia. No obstante, cada cierto tiempo, sus directores se sienten obligados a dar explicaciones. Quizás movidos por la mala conciencia. Pero esas intervenciones exponen con lucidez creciente la incapacidad gubernamental. El régimen de excepción no se rige por criterios de justicia, sino por intereses políticos perversos.

Una madre de 63 años con un hijo detenido lo expresó de forma contundente: “Noche y día le pido a Dios que haya una persona que me ayude y que le den la libertad a mi hijo, porque yo no tengo dinero o influencias”.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.