Poder sin límites

La Presidencia de la República está a las puertas de cumplir su primer año de mandato inconstitucional. Un año marcado por un modelo de gobernabilidad autoritaria basado en el ejercicio discrecional del poder. Un año en el que el proceso de debilitamiento institucional se ha agudizado y en el que se ha barrido por completo con las garantías a los derechos humanos. Uno de los aspectos que evidencian un Estado de derecho es que todos los funcionarios se someten a reglas claras y públicas, sin excepciones. Cuando estas reglas son reemplazadas por decisiones arbitrarias, la ciudadanía se vuelve vulnerable y el poder deja de tener límites. Esa es la realidad de El Salvador hoy en día.

El inicio del segundo mandato de Bukele estuvo marcado por detenciones arbitrarias dirigidas a veteranos de la guerra y a un firmante de los Acuerdos de Paz. Desde entonces, las capturas sin pruebas de la comisión de un delito han continuado; sus víctimas terminan en un sistema penitenciario en el que se han documentado casos de torturas y muertes bajo custodia estatal. En las últimas semanas, las detenciones se han extendido a exfuncionarios de anteriores Gobiernos, transportistas, abogados, líderes comunitarios y activistas sociales, sin el mínimo atisbo de un debido proceso. Con las más de 85 mil capturas en el marco del régimen de excepción y con la decisión de abrir el Cecot a las deportaciones de Trump, El Salvador se ha convertido en un país-cárcel.

La retórica que ha acompañado todo este proceso ha sido en extremo polarizante; lejos de buscar caminos colectivos orientados a la construcción de una sociedad más justa, el discurso del Ejecutivo ha estado enfocado en dividir, estigmatizar y crear enemigos. Periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han llevado la peor parte. Los efectos son evidentes; por ejemplo, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), 2024 fue el año más violento para la prensa salvadoreña.

La aprobación de la normativa que permite la minería metálica y de la Ley de Agentes Extranjeros debe analizarse en el marco de la arbitrariedad y el aumento de la censura y la represión. Aun cuando tratan áreas diferentes, ambas fueron aprobadas de manera inconsulta y acelerada; ambas han suscitado un amplio rechazo de distintos sectores. Y también comparten el propósito de castigar a comunidades y sectores que ya sufren el abandono del Estado. Las repercusiones directas de dichas normativas en personas y víctimas son inminentes.

A todo lo anterior se suma, por un lado, la política de opacidad existente, con el abuso reiterado de las reservas de información (incluso sobre elementos aparentemente inocuos, como el río San Sebastián); y por otro, la improvisación característica en la atención a los problemas de país. Salta a la vista que la preocupación del oficialismo es mantener los niveles de popularidad a cualquier costo, no las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos de la población.

Por supuesto, este actuar arbitrario del Gobierno no es inofensivo; tiene consecuencias concretas en la vida de las personas, incluso irreversibles. Como antaño, antes de la firma de unos Acuerdos de Paz que el oficialismo tilda de inútiles, el miedo, la incertidumbre y el abuso imperan sin que haya alguna instancia a la cual acudir. Construir un país en justicia y libertad vuelve a ser una utopía.