Sobre el acuerdo con el FMI (I)

En febrero de 2025, el Gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un Acuerdo de Servicio Ampliado por $1,400 millones de dólares. El programa acordado pretende mejorar la sostenibilidad de la deuda pública, el estado de las reservas internacionales, fortalecer la transparencia y mitigar los riesgos del bitcoin.

Previo a las negociaciones, el Gobierno de El Salvador tenía dificultades para colocar deuda pública a una baja tasa de interés, lo que comprometía la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos financieros. La aprobación del acuerdo incluyó un desembolso inmediato de $113 millones, contribuyó a elevar el precio de los bonos salvadoreños, a reducir la tasa de interés de nuevo endeudamiento y a acceder a préstamos de otros organismos internacionales. En otras palabras, el acuerdo dio un respiro a las finanzas públicas de El Salvador. Aunque la necesidad del programa no se cuestiona, es importante reflexionar sobre las implicaciones económicas de lo acordado y la falta de transparencia en sus avances. En este escrito se abordan las implicaciones económicas, dejando la falta de transparencia para un segundo análisis.

Es importante resaltar que la situación de la deuda pública de El Salvador no es exclusivamente un problema de corrupción o despilfarro, aunque es evidente la falta de transparencia y el silencio oficial frente a los abundantes presuntos casos de corrupción. El elevado nivel de deuda pública es una expresión de un problema de nuestro modelo económico. En particular, los problemas fiscales son un reflejo del estrecho vínculo entre el endeudamiento público y las relaciones económicas con el resto del mundo, así como de sus implicaciones para la estabilidad macroeconómica.

Desde una perspectiva de cuentas nacionales, es posible mostrar que para algunos países el déficit fiscal (la diferencia entre sus gastos e ingresos) se encuentra íntimamente ligado con un déficit de cuenta corriente, es decir, con una salida de dólares (principalmente por importaciones en el caso de El Salvador) mayor que la entrada de dólares al país (principalmente por exportaciones y remesas). Un déficit estructural en la cuenta corriente es problemático porque requiere un constante endeudamiento con el exterior; después de todo, los dólares que gastamos como país en exceso de nuestros ingresos deben venir de alguna parte.

Simplificando la visión convencional del FMI, quienes seguramente tendrán mucho más que decir al respecto, el problema anterior se soluciona a través de una mayor “disciplina fiscal”. Si el Gobierno no gasta más que sus ingresos, entonces la demanda de productos del exterior disminuye, se alcanza un equilibrio en la cuenta corriente y se disminuye la necesidad de endeudamiento con el exterior. A este equilibrio agregado el FMI le llama estabilidad macroeconómica.

Aunque contar con estabilidad macroeconómica es importante para cualquier agenda de desarrollo, no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la sostenibilidad de dicha agenda. En nombre de la estabilidad macroeconómica, por ejemplo, se puede despedir a funcionarios públicos en ámbitos tan importantes como educación y salud. En nombre de la estabilidad macroeconómica se puede reducir el número de empleados formales en la economía por el efecto indirecto que implica la disminución de la demanda agregada. En otras palabras, un país puede tener estabilidad macroeconómica y un nivel muy bajo de desarrollo y empleo.

La teoría convencional señala que esos ajustes (despidos, recortes de partidas, etc.) serán compensados con lo que parece una plegaria al mercado: la estabilidad macroeconómica traerá inversión privada que guiará el crecimiento económico. Así, de acuerdo con el documento del acuerdo, se espera que en el mediano plazo la tasa de crecimiento se incremente guiada por las condiciones de seguridad y por inversiones derivadas de reformas estructurales, consolidación fiscal e incremento en las reservas internacionales.

Desde una visión crítica, el problema es mucho más complejo. Si bien la expansión de la demanda puede ocasionar un aumento de las importaciones, también puede traducirse en un mayor nivel de empleo e ingreso en El Salvador. Sin embargo, en una economía poco productiva y completamente abierta al comercio internacional, los productores salvadoreños tienen pocas oportunidades de competir. El capital, en busca de mayores tasas de ganancia, se mueve a sectores en los que no tiene que enfrentar la competencia externa, especialmente el sector servicios. Esto ha generado una economía con pocos encadenamientos que cada vez depende más de importaciones. Es por ello que en El Salvador coexisten absurdos como la falta de alimentos a precios accesibles y desempleo y subempleo de los productores de alimentos. La falta de un entendimiento profundo sobre este tema lleva a sugerir sinsentidos a los trabajadores agrícolas como “mudarse a la ciudad, trabajar de otra cosa y comprar la comida”, sin preguntarse de dónde vienen los alimentos en el agregado o el dinero para importarlos.

Desde esta visión crítica y dados los bajos niveles de competitividad, es difícil esperar que la mera estabilidad macroeconómica mejore las condiciones de inversión en los sectores que podrían generar encadenamientos. La estabilidad macroeconómica a un bajo nivel de ingreso y empleo generará mayores presiones para emigrar sobre la clase trabajadora, contribuyendo así a la creciente dependencia de remesas. Mientras El Salvador no aborde de manera contundente los problemas económicos estructurales, seguiremos entre inestabilidad macroeconómica e intentos de estabilidad a un bajo nivel de desarrollo.

* Armando Álvarez, economista UCA.