¿Voluntad popular?

El “pueblo” quiere bastante más que el régimen de excepción. La visión del vicepresidente, en gira por Europa en busca de inversionistas, es corta y distorsionada. Su argumento, aparentemente impecable, es interesado. Informó a la prensa que el populismo punitivo es voluntad popular y, por tanto, será suspendido cuando así lo decida el pueblo. Esto es totalmente falso. Continuará hasta que los poderes fácticos detrás de la familia Bukele encuentren que ya no conviene a sus intereses.

Invocar la voluntad popular como razón de ser del régimen de excepción se vende bien. Pero si esa voluntad fuera estimada, la familia Bukele atendería con presteza sus demandas socioeconómicas y medioambientales, expresadas con claridad en las últimas encuestas de opinión pública. El oficialismo manipula la necesidad real de seguridad pública de la población para servir intereses egoístas, cuidadosamente ocultados por ser escandalosamente obscenos.

En los círculos empresariales es bien sabido que las licitaciones y las contrataciones públicas están amañadas. Desde las mascarillas de la pandemia hasta los uniformes escolares de este año, pasando por las megainfraestructuras. De ahí que el costo de las mascarillas haya sido inflado, que los uniforme no tallen y haya habido que ordenarlos de nuevo a proveedores regionales, y que las obras duren más de lo acordado o queden a medias. Si hubiera controles internos y externos, estas anomalías se reducirían al mínimo y los dólares estarían mejor empleados. Antes de crear una especialización en investigación criminal habría que determinar cuánta voluntad política existe para investigar el delito. De lo contrario, el programa desperdicia unos recursos que estarían mejor empleados en otros rubros.

Si el régimen de excepción estuviera al servicio de la voluntad popular, sus legisladores escucharían las quejas y peticiones de la gente; sus jueces administrarían justicia apegados escrupulosamente a la ley; sus procuradores responderían rápida y eficazmente a las peticiones de los miles de agraviados que acuden a ellos pidiendo auxilio; las alcaldías estarían volcadas a las comunidades. La institucionalidad del Estado actual no está al servicio de la gente ni del bien común. Las quejas y las peticiones no son recibidas en las dependencias gubernamentales. Los quejosos y los demandantes chocan con un muro de indiferencia y desprecio. Las puertas están cerradas para ellos.

En cualquier caso, el oficialismo visita las comunidades populares para mostrarse. No para escucharlas y resolver sus peticiones, sino para lanzarles dulces y repartir calendarios u otras baratijas como en otro tiempo el conquistador quiso ganarse la buena voluntad de los pueblos originarios. Hoy busca votos rebajados. La prioridad no son los habitantes de las comunidades, sino la producción audiovisual exhibida luego como prueba de la identificación de los gobernantes con los gobernados.

La incoherencia es una de las notas más destacadas del régimen de excepción. El vicepresidente es el último caso. En su reciente gira, negó que persiga la libertad de expresión, pero aceptó la existencia de periodistas exilados. No por opinar, sino por estar “vinculados a grupos de oposición”. Así, pues, el complaciente goza de derechos; el que irrita y enoja es acosado, amenazado y, en el peor de los casos, encarcelado, acusado de cualquier cosa.

Otra perla fue presentar los procesos judiciales del régimen como “innovadores”, por juzgar y condenar en grupo, al mismo tiempo que imputan los delitos y las penas correspondientes de forma individual. No explicó este alto funcionario, versado en leyes, cómo se las arreglan esos tribunales para atribuir la responsabilidad a cada uno de los que ha procesado en grupo. El régimen encuentra cada vez más dificultad para presentarse como una genialidad nunca vista.

La seguridad pública es una buena excusa para meter de contrabando el enriquecimiento ilícito y la ambición de poder. Irónicamente, también ahuyenta a los inversionistas. La densa oscuridad en la que se desenvuelve no ofrece garantías a sus capitales. En el momento menos pensado los despluma. Así lo advierten los informes sobre el clima de inversión del país. A pesar de ello, insiste en seducirlos enviándoles emisarios con un discurso incoherente. No es fácil recuperar lo que desde su raíz está perdido.

El régimen de excepción no se rige por la razón y la ética. Tampoco responde a la voluntad popular, sino a la de Bukele, que, por casualidad, descubrió en aquel un poderoso medio para retener el poder. El régimen de excepción desprecia al pueblo. Lo considera ingenuo e ignorante. Infantil e inmaduro, irracional e indómito, solo entiende por las malas. Si “la letra con sangre entra”, como decían los antiguos, el régimen de excepción es ideal.

La voluntad popular merece respeto. Si no hay disposición para escucharla, no debiera ser invocada y mucho menos manipulada. El pueblo es paciente, pero no crédulo. Es sabio y poderoso cuando se pone en movimiento. Halagarlo con naderías, inmovilizarlo con el miedo y menospreciarlo son indicios de debilidad, de inseguridad y, en definitiva, de temor. Entonces, ¿por qué no escuchar su voluntad?

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.