"Podemos perdonar, pero tenemos que pedir justicia"

A las 10 de la mañana del lunes 21 de marzo, el calor comenzaba a apoderarse de la Iglesia San Bartolomé de Arcatao, en Chalatenango. Todas las bancas estaban ocupadas; muchos de los asistentes se vieron obligados a sentarse en sillas provisionales. Entre las paredes pintadas de blanco, con pequeñas escenas que recreaban masacres de la guerra y estaciones de la pasión de Cristo en un mismo mural, estaban las víctimas y aquellos dispuestos a escucharlas.

El murmullo de los asistentes se fue opacando mientras uno de los representantes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) tomaba el micrófono para presentar a los jueces del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador: el presidente, José María Tomás, de España; la vicepresidenta, la salvadoreña Gloria de García Prieto; y los jueces Suelli Bellato, de Brasil, y José Ramón Juániz, de España.

Entre el público presente había extranjeros, alumnos de tercer ciclo y de bachillerato del Centro Escolar de Arcatao, lugareños que habitaron el pueblo durante el conflicto, visitantes provenientes de otros departamentos también marcados por la guerra (Morazán, por ejemplo) y representantes de instituciones que trabajan por los derechos humanos.

Al inaugurar las sesiones de esta tercera edición, José María Tomás dijo que uno de los objetivos del Tribunal es lograr la pacificación del país. Por su parte, Gloria de García Prieto agregó que este ejercicio se realiza en función de las víctimas, para ofrecerles un espacio donde puedan narrar lo que les sucedió. "Podemos perdonar, pero tenemos que pedir justicia", aclaró.

Tras las palabras de apertura y las breves intervenciones de los alcaldes de Arcatao y Nueva Trinidad, el micrófono fue cedido a Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, quien destacó que el Tribunal es necesario para buscar justicia desde las víctimas, en un país en el que "la amnistía no fue más que un premio a los victimarios".

Así, entre el 21 y el 23 de marzo, el pueblo de Arcatao pudo narrar su historia ante un tribunal internacional. Tanto los jueces como los miembros del IDHUCA pidieron a los testigos que contaran sus experiencias y denunciaran las injusticias cometidas durante la guerra civil. De esta manera se emprendió un viaje al pasado más oscuro del país, narrado con la voz y las lágrimas de sus testigos más sufridos.

Masacrados en El Rincón

El 8 de mayo de 1980, cerca de las seis de la mañana, un grupo de soldados entró, tirando balazos, al caserío El Rincón, cantón Manaquil, en el municipio de Trinidad. Los hombres, jefes de hogar, no estaban en el pueblo, pues hacía poco más de una hora que habían partido a trabajar al campo. Al no encontrarlos, los miembros del Ejército decidieron atacar a las mujeres, ya que, para ellos, todas eran esposas o parientes de campesinos guerrilleros.

Al iniciar el tiroteo, mujeres y niños corrieron a buscar un escondite. Sin embargo, los soldados tomaron a seis de las campesinas (entre ellas, dos embarazadas) y se las llevaron al río. Allí, las forzaron a desnudarse y las violaron. No conformes, abrieron el vientre de las embarazadas, extirparon a sus bebés y las quemaron; a las otras cuatro las ahorcaron en un árbol de naranjo.

Estas y otras atrocidades fueron narradas, en el primer caso presentado al Tribunal, por Rosaura y Alejandra Rivera, quienes lograron esconderse dentro de un tabanco para maicillo que tenían en la cocina. Antes de ocultarse, lograron ver el rostro de uno de los soldados. "Juan Chato (...) era conocido de nosotros porque era yerno de un tío mío. Pero como había estado en el cuartel 18 meses, cuando regresó era un asesino (...) A toda mi familia la mataron ese día (...) Con el Señor y San Antonio nos libramos", atestiguó Rosaura Rivera. Al terminar su relato, aseguró al Tribunal que Chato sigue vivo y reside en Belice.

De acuerdo con información que entregó una abogada del IDHUCA a los jueces, la Comisión de la Verdad reportó que las peores masacres ocurrieron al inicio del conflicto armado: el 60% de los casos tratados por la Comisión corresponden a ejecuciones, y el 50% de estos ocurrieron entre 1980 y 1981. Sin embargo, nadie había investigado sobre la masacre de El Rincón, pues esta no aparece entre los casos abordados por la Comisión de la Verdad.

Para los jueces, en este operativo no solo se atentó contra el derecho a la vida, sino también contra la dignidad humana. Y es que los sobrevivientes de esta barbarie perdieron sus planes de vida: terminaron como desplazados de sus tierras, huyeron a campamentos en Honduras u otros lugares fuera de la nación. Al respecto, el presidente del Tribunal sugirió a los abogados del IDHUCA que presenten una demanda más amplia, en la que, además de exigir justicia por las ejecuciones sumarias, se incluyan cada uno de los delitos cometidos en las masacres, pues aseguró que en el caso expuesto por Rosaura existían, al menos, 18 violaciones a los derechos humanos.

Diferentes víctimas, los mismos asesinos

Durante la tarde de la primera jornada del Tribunal, se dio a conocer otro testimonio y se presentó a otra sobreviviente: María Audilia Miranda, testigo de la masacre de Guancora.

Tras permanecer diez años en Honduras y seis de estos en Mesa Grande, un campamento de refugiados, ella y su familia decidieron regresar al país en 1990. Tenían alrededor de tres meses de haberse reinstalado en Guancora cuando se reencontró con un conocido que estaba incorporado en el Ejército. Como había confianza entre ellos, aceptó darles cena a él y a sus demás compañeros. Irónicamente, un día después, estos mismos soldados asesinaron a tres de sus cinco hijos.

María Audilia relató que durante la noche su amigo militar le aconsejó que se fuera a buscar refugio donde una amiga, pues era probable que las fuerzas castrenses decidieran "renovar" esa zona. Estando en casa de su amiga, esta comentó que iría a Chalatenango. Los hijos mayores de María Audilia insistieron en ir con ella para poder visitar a su familia. Miranda se dejó convencer y optó por pasar primero a su casa. En el camino, escucharon disparos y bombardeos y decidieron esconderse. Rememoró que había aviones lanzando bombas. Una de estas alcanzó su escondite y estalló cerca de sus hijos. Isabel, su niña de 12 años, murió casi al instante; Medardo, de 13 años, convaleció con los intestinos afuera y el pie derecho mutilado. Otra bomba acabó con la vida de su hija Beatriz y la de otra familia que se escondía en el lugar. Luego, los soldados intentaron cambiar la ropa de Medardo para decir que era guerrillero y "justificar" la acción. Pero María Audilia les gritó que no lo hicieran, y por eso le dispararon en el vientre; tenía siete meses de embarazo.

Durante las sesiones del Tribunal, se escucharon testimonios de múltiples masacres. Todos estos relatos mostraron un común denominador: elementos de la Fuerza Armada salvadoreña en el papel de victimarios. Algunos de los sobrevivientes identificaron a los asesinos; en ciertos casos, incluso con nombres y apellidos. Entre los grupos responsables de los crímenes, se mencionó a la Policía de Hacienda, a ORDEN, a los Escuadrones de la Muerte y a los grupos paramilitares. Los testigos también señalaron que entre las víctimas de estas masacres no había guerrilleros, solamente civiles.

En este sentido, los abogados defensores recordaron que entidades como la Fuerza Armada jamás han reconocido crímenes contra civiles y que, por el contrario, sostienen que prácticamente todos los muertos de sus operativos fueron guerrilleros. Los demás, si los hubo, fueron, según el eufemismo castrense, "daños colaterales".

Demandas de las víctimas

El Tribunal concluyó sesiones el 23 de marzo. La sentencia aún no se ha dado a conocer, pues faltan las correcciones finales. A pesar de que no es una sentencia vinculante, sí tiene un peso social y moral, que permite, en alguna medida, dar los primeros pasos hacia la justicia restaurativa.

Entre las demandas emitidas —en nombre de las víctimas— por los abogados defensores, están (a) el cambio de la Ley de Amnistía por una ley que garantice la restauración de la dignidad de las víctimas; (b) que el Estado declare y conmemore tanto el Día Nacional de las Víctimas de Tortura como el Día de los Niños y Niñas Desaparecidos, paralelamente a la creación de un archivo oficial sobre estos últimos; y (c) la asistencia psicosocial para las víctimas, con el fin de restaurar su dignidad individual y colectiva. Además, se solicitó exigir a Estados Unidos colaboración para la entrega de toda la información que ese país tenga sobre estos crímenes.

Los jueces y abogados coincidieron en la necesidad de denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufrieron, sobre todo, mujeres y niños. José María Tomás aseguró que el listado de derechos arrebatados "se alarga para cada caso". Por ello, es necesario indagar en cada uno de los crímenes cometidos. En el caso de los niños, por ejemplo, al arrebatarles la vida, los privaron de otros derechos como la educación, tener una familia y tener un futuro.

El proceso de sanación de las heridas es largo y complejo. Para iniciarlo, es necesario enfrentar esa parte de nuestra historia: escuchar los relatos de los sobrevivientes de las masacres, ver sus lágrimas y asumir la responsabilidad que como sociedad nos compete. En el Tribunal, las víctimas aseguraron que no basta con el deseo de perdonar, porque es necesario saber a quién se está perdonando. Por ello, tanto los jueces como el IDHUCA continuarán realizando este tipo de actividades que, lejos de generar conflicto y abrir heridas, ayudan a restaurar la dignidad no solo de las víctimas, sino también de aquellos que han vivido, por más de dos décadas, en la impunidad.

El Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador se lleva a cabo en el marco del Festival Verdad que organiza la UCA. La primera edición tuvo lugar en 2009, en la capilla del campus; la segunda, en 2010, se trasladó a Suchitoto.