"Prevaleció el enfoque populista de la seguridad"

En conferencia de prensa, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA presentó el 9 de septiembre los resultados de la investigación La situación de la seguridad y la justicia 2009-2014. El objetivo del estudio es contribuir a la comprensión y al análisis crítico de las políticas y estrategias de seguridad implementadas durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, así como hacer recomendaciones al nuevo Gobierno.

Jeannette Aguilar, directora del Iudop, explicó que el estudio se realizó con información recopilada a través de una metodología cualitativa, como entrevistas a funcionarios y exfuncionarios de Justicia y Seguridad Pública, líderes religiosos vinculados a la prevención de la violencia, y académicos y expertos en el tema. Además, se consultaron documentos oficiales de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Medicina Legal, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) y el Sistema de Morbilidad y Mortalidad del Ministerio de Salud, y se analizaron discursivamente 322 noticias periodísticas.

La investigación, efectuada entre agosto de 2012 y julio de 2014, está estructurada en seis partes: “La incidencia delincuencial registrada”; “La persecución del delito”; “La conducción de la seguridad durante el Gobierno del Cambio”; “La situación del sistema penitenciario salvadoreño”; “Discursos de la prensa escrita salvadoreña en torno a la figura del general Munguía Payés y a la tregua entre pandillas”; y “Consideraciones y recomendaciones”.

El documento apunta que, según los registros oficiales, entre 1990 y 2013 en El Salvador han sido asesinadas 73,000 personas, una cifra cercana a las muertes durante la guerra civil. Este dato, de acuerdo a Aguilar, indica que la violencia ha sido un desafío constante durante la postguerra.

Los homicidios se caracterizan por el uso de armas de fuego (casi el 70% de los casos) y por tener como víctimas mortales a hombres jóvenes. Si bien los asesinatos de mujeres son bajos respecto a los de hombres, la investigación revela que los primeros experimentaron un gran crecimiento entre 2003 y 2011: las tasas pasaron de 7.4 a 19.1 por cada 100,000 mujeres. No obstante, la directora del Iudop dijo que la inseguridad en El Salvador no se limita a las muertas violentas, pues continúan afectando a muchos ciudadanos fenómenos como las agresiones sexuales, las amenazas y las extorsiones, entre otros.

Sobre el funcionamiento del sistema de justicia, la investigación señala que, en el período 2006-2009, más del 80% de los casos denunciados en la Fiscalía General de la República fueron archivados por la misma institución. En 2009, más del 70% de los requerimientos fiscales terminaron en un sobreseimiento definitivo, un dato que "pone en cuestionamiento la capacidad investigativa de los operadores del sistema, en particular de la Fiscalía en la dirección de la investigación penal", indica el estudio.

Entre 2009 y 2013, solamente el 15% de los casos que ingresaron a una sede judicial concluyeron con una sentencia definitiva, fuera condenatoria o absolutoria. Aguilar comentó que estos datos no solo confirman la deficiencia del sistema judicial, sino que también demuestran que "la impunidad ha sido dominante".

En el análisis de la administración de Mauricio Funes en materia de seguridad, se destaca un momento definitorio de todo el quinquenio: la remilitarización de la seguridad pública. Entre los datos que confirman el protagonismo que Funes dio a los militares destacan el aumento de efectivos castrenses en tareas de seguridad, que solo en el primer año de su mandato pasaron de 1,975 a 6,500; la asignación de la seguridad de los penales a los militares en 2010 y 2011; la presencia de soldados en autobuses, escuelas y áreas urbanas; el incremento de la plantilla y el presupuesto de la Fuerza Armada; y el control militar del Organismo de Inteligencia del Estado, la PNC y el aeropuerto, y de algunas tareas relacionadas con las fronteras salvadoreñas.

Ante la presión mediática al Gobierno de Funes a causa del aumento de homicidios, se hizo de las pandillas el enemigo único a combatir y adquirió relevancia la figura del general David Munguía Payés. De este modo, explicó Aguilar, se terminó descartando el plan de seguridad que se había propuesto en el primer año y medio de la gestión de Funes. "Prevaleció el enfoque populista de la seguridad, en vez de la visión estratégica e integral", apuntó.

Andreu Oliva, rector de la UCA, aseguró que con la militarización de la seguridad, "el país se puso en una ruta peligrosa", pues el objetivo castrense es destruir al enemigo a como dé lugar, sin tomar en cuenta los principios básicos de la seguridad ciudadana. "Se pasó de una visión democrática de la seguridad a una visión militar, lo cual influyó en el debilitamiento de la Policía y el fortalecimiento de la Fuerza Armada".

Oliva dijo que con la investigación del Iudop, la UCA "aporta datos de análisis, con el fin de ayudar al país a resolver el problema de la seguridad pública, a mediano y largo plazo, y desde una perspectiva democrática de la seguridad". Asimismo, explicó, se señalan aspectos que en materia de seguridad y justicia conviene fortalecer y continuar, y otros que hay que abandonar porque han implicado un deterioro de la institucionalidad democrática.

Además de la conferencia de prensa, el Iudop presentó la investigación a agencias de cooperación internacional, el 8 de septiembre; y de manera abierta, el 9 de septiembre, en el Auditorio "Segundo Montes, S.J.".