En conferencia de prensa, cincuenta organizaciones (entre ellas, la UCA) denunciaron la pasividad y el poco interés de los tres órganos del Estado por impulsar los marcos jurídicos y políticos que garanticen el derecho humano a la comunicación.
En la actividad, que se llevó a cabo el 10 de septiembre en la Sala de Consejo Universitario, representantes del grupo interesado en la democratización de los medios expusieron tres demandas concretas. Primero, que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley de Radiodifusión Comunitaria, presentada el 24 de julio por Arpas y otras entidades sociales.
Segundo, que el Ejecutivo y la Presidencia de la República presenten una propuesta de ley para institucionalizar el sistema de medios públicos e instalen la Comisión Nacional para la Digitalización del Espectro Radioeléctrico, propuesta por organizaciones de la sociedad civil el 19 de febrero de este año.
Y finalmente, que la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional resuelvan sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en agosto de 2012 por Arpas, Fespad y la UCA respecto a los artículos de la Ley de Telecomunicaciones que establecen a la subasta pública como único mecanismo para asignar las frecuencias radioeléctricas.
De acuerdo a Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad, de continuar esta pasividad del Estado frente a la cuestión, la concentración y el monopolio de los medios de comunicación se agudizará y continuará obstaculizando el derecho a la comunicación que tienen todos los sectores de la sociedad.