Demanda de información y acceso a la verdad

El 5 de octubre, en el Auditorio Elba y Celina Ramos, se llevó a cabo una conferencia de prensa conjunta entre el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR, por sus siglas en inglés). Ante los medios de comunicación, miembros del Idhuca y del Centro informaron sobre la demanda que interpuso el UWCHR contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por su negativa a desclasificar documentos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil salvadoreña.

En la actividad participaron, a través de videoconferencia, Angelina Snodgrass Godoy, directora del UWCHR; Mina Manuchehri, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington e investigadora del UWCHR; Mirla Carbajal, abogada del Idhuca y representante de sobrevivientes de la masacre de Santa Cruz en El Salvador; Dina Cabrera y Philippe Bourgois, sobrevivientes de la masacre de Santa Cruz; Lawrence W. Paulsen, fiscal general asistente de la Universidad de Washington; y Thomas Burke, fiscal general asistente especial de la Universidad de Washington.

Desde Estados Unidos, los representantes del UWCHR explicaron que al no entregar los documentos la CIA incumple la Ley de Libre Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Desde 2013, en el marco de la Ley, el Centro ha presentado más de doscientas solicitudes relativas al conflicto salvadoreño. Una de estas referida específicamente a los expedientes de la CIA sobre el coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez, quien en 1981 dirigió un operativo militar en Santa Cruz, Cabañas, que les costó la vida a decenas de civiles.

Respecto a esa solicitud de información, la Agencia Central de Inteligencia respondió que, en virtud de “asuntos de seguridad nacional”, no podía “ni confirmar ni negar la existencia o inexistencia de los archivos”. Mina Manuchehri aseguró que la explicación “no es creíble”, sobre todo si toma en cuenta que “la CIA ya ha desclasificado, por lo menos, 20 documentos relativos a Ochoa (...). No puede haber problemas de seguridad nacional para documentos que ya se han hecho públicos”.

Mirla Carbajal explicó que en el contexto salvadoreño, en el que prevalece la impunidad de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado, “es fundamental tener acceso a la información que poseen las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos”. Ello porque los militares salvadoreños argumentan que no existen documentos en sus archivos, pues habrían sido destruidos. La abogada del Idhuca destacó que obtener información de una fuente como la CIA sería importante para reconstruir a detalle muchas de las masacres y sacar a la luz los nombres de los responsables.

Por su parte, Angelina Snodgrass Godoy dijo que, “además de sus obligaciones legales dictadas por la FOIA, el Gobierno estadounidense tiene la responsabilidad moral de apoyar la causa de la verdad y la justicia en El Salvador, especialmente si se toma en cuenta el grado en que los Estados Unidos ayudó a los militares salvadoreños durante la guerra civil”.

Dina Cabrera, sobreviviente de la masacre en Santa Cruz, aseguró a los medios de comunicación en Washington y a los periodistas que seguían la conferencia vía Internet acá en el país que, a pesar del dolor que les provoca recordar aquellos días del asedio militar, las víctimas sienten la “obligación de denunciar lo que sucedió” y lo único que piden es justicia, “para que los sobrevivientes puedan tener paz”.

El estadounidense Philipe Bourgois, quien en 1981 se encontraba en el país realizando una investigación antropológica, quedó atrapado en el operativo militar de “tierra arrasada”, pero logró sobrevivir a la masacre en Santa Cruz. En la conferencia de prensa, Bourgois comentó que las razones detrás de la negativa de la CIA para dar acceso a la información sobre el caso podrían ser propias de la burocracia de este tipo de organismos u obedecer a que “quieren proteger a los victimarios”. Afirmó que lo que se busca con el litigio es que los documentos estén disponibles para todos, “para que haya luz” en el túnel de la impunidad.

Además de acompañar este tipo de iniciativas para esclarecer crímenes ocurridos en la guerra, el Idhuca también trabaja para hacer funcionar la institucionalidad salvadoreña de cara a la reparación de las víctimas. Uno de los más recientes esfuerzos en esta línea fue la solicitud de exhumación que se interpuso ante el Juzgado de Paz de Arcatao, en 2014, para recuperar los restos de Francisca Rivera, María Vicenta Rivera, Perfecto López, Nasario Rivera, Marcos Martínez; y las menores Josefina y Francisca Martínez, hijas de Marcos. Todos ellos fueron ejecutados por miembros de la Fuerza Armada y enterrados en una especie de cementerio improvisado en el caserío El Portillo, cantón Los Filos, Arcatao.

Con la recuperación de los restos inició una larga batalla judicial, pues, de acuerdo a Silvia Cuéllar, abogada del Idhuca, la exhumación fue también una forma de denunciar el delito de lesa humanidad. Así, el caso se llevó hasta las instancias respectivas. Este proceso evidenció una serie de deficiencias institucionales. Por ejemplo, las contradicciones entre el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República sobre el análisis de las muestras de ADN para la identificación de restos, y el hecho de que la investigación de los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado esté a cargo de la Unidad Antipandillas de la Fiscalía, por considerarse “delitos de crimen organizado”. Sobre este último punto, Cuéllar explica que si bien “se entiende que la investigación de este tipo de hechos es compleja (...). Esta unidad aborda los casos como si fueran hechos de violencia actual, y debería ser otra la forma de tratar a las víctimas y de realizar las exhumaciones”.

Luego de varios meses de diligencias judiciales, en junio de este año se entregaron los restos a los familiares de las víctimas, quienes pudieron ofrecer una misa de cuerpo presente en la capilla de la Universidad y, posteriormente, realizar la vela y el entierro en su comunidad. Todos estos ritos y signos, dice Cuéllar, son un paso en el ciclo de reparación de las víctimas, “pero falta saber quién los mató, cómo fue, por qué (...). La verdad también es parte de la reparación”.

El trabajo que sigue, desde el Idhuca, es velar por que el caso avance en las instancias judiciales y que la Fiscalía cumpla con su función constitucional de investigar los hechos. Todo esto, declara la abogada, se da en un contexto de vigencia de la ley de amnistía y de bloqueo institucional para acceder a información estatal: “Los archivos militares siguen clasificados; hay todavía una lucha grande por lograr un acceso real a la verdad”.