De espaldas a la ciudadanía

Los partidos tradicionales de El Salvador solían hacer cambios legales fuertes sin consulta previa y justo antes de que iniciara algún período de vacación. Por ejemplo, cambiaron el colón, la moneda nacional, por el dólar un 30 de noviembre, poco antes de las vacaciones de Navidad. Nuevas Ideas ha superado esta táctica con creces. El Ejecutivo decidió un cambio mayor antes de las vacaciones de agosto sin realizar ni la más mínima consulta a la sociedad civil. Las protestas en contra de este modo de proceder han sido constantes. Instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre el camino antidemocrático que se está recorriendo y han recordado la transgresión de los compromisos y los tratados internacionales, que son ley en el país. La Carta Democrática Interamericana, firmada y asumida por el Estado salvadoreño, insiste en que “el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad”. Tanto la participación de la ciudadanía como el respeto y promoción de los derechos humanos son la base de ese tratado internacional al que el país se ha comprometido.

En la actualidad, la tradición, ya de larga data, de tener buenas leyes y normativas que no se cumplen adecuadamente se está cambiando por la arbitrariedad de proceder en contra de la legalidad fundamental del país. En efecto, la Constitución dice claramente que en caso de que una ley secundaria entre en conflicto con un tratado internacional, prevalecerá el tratado. No establecer consultas previas a los cambios constitucionales y mantener por años el régimen de excepción viola tratados internacionales. Tanto la débil oposición política como algunos sectores de la sociedad civil han reclamado con energía los últimos cambios constitucionales, orientados claramente hacia el fortalecimiento de la deriva autoritaria que experimenta El Salvador.

En las Iglesias es notable la inquietud y el descontento por la toma de decisiones inconsultas que alteran las leyes y restringen la participación democrática. Es de común acuerdo que la sociedad civil está por encima de la sociedad política y que esta última se deriva de la capacidad de aquella de entender y proteger la vida social como proyecto positivo común. La Iglesia católica afirma taxativamente que “la comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad civil” y que, por tanto, esta tiene preeminencia. Aunque la mayoría de los diputados se suelen calificar a sí mismos como demócratas y miembros de una fe cristiana, no muestran conocimiento adecuado ni criterios claros sobre ninguna de las dos áreas. No hay ignorancia más peligrosa en la política que aquella que desconoce los principios racionales de la convivencia social. Y dado que esa ignorancia cunde en las diferentes esferas de la administración del Estado, la consulta a la sociedad civil debería ser paso obligado a la hora de dictar leyes y gobernar el país. Legislar y gobernar arbitraria y caprichosamente, de espaldas a la ciudadanía, es caldo de cultivo para crisis no solo políticas, sino también sociales.