En defensa de la libertad de información

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Margarita Moreno
31/08/2016

El 18 de marzo de este año, el periodista Héctor Silva Ávalos publicó el artículo “Se deshace el castillo de naipes” en la revista Factum, de la cual es codirector. El texto forma parte de un seguimiento periodístico que Silva ha dado a la relación entre el extitular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez, y el empresario Enrique Rais. El vínculo entre ambos, de acuerdo a los reportajes de Silva e información de sus fuentes, se tradujo en viajes de Martínez en los aviones privados de Rais y en la concesión de beneficios jurídicos para librar al empresario de demandas y otros procesos legales en su contra.

La información difundida en los reportajes de Silva se reforzó cuando, en julio, el Tribunal de Ética Gubernamental, luego de un proceso de investigación, emitió una sentencia en la que multó a Martínez por “aceptar dádivas a cambio de favorecer al señor Enrique Rais” durante el período en el que aquel estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República.

En el artículo publicado en marzo, Silva asegura que fuentes anónimas le confirmaron que el empresario ya ha enviado “emisarios” al despacho del nuevo fiscal, Douglas Meléndez, pero que, hasta el momento, estos no han sido recibidos.

Enrique Rais demandó a Silva por el delito de difamación y calumnia. Ante esto, el 12 de agosto, en una conferencia de prensa realizada en la Sala del Consejo Universitario, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) anunció que se ha sumado a la defensa jurídica del periodista, por considerar que se está atentando contra el derecho a la libertad de información.

De acuerdo a Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Idhuca, “no puede ser que en el siglo XXI el poder económico siga privando de ejercer el derecho a la libertad de información de forma legítima. Este caso no es entre particulares, sino entre un señor que tiene mucho poder y un periodista”.

El Idhuca, explicó Baulenas, participa en litigios estratégicos cuyos resultados no solo benefician a la que persona que se representa, sino que también sientan precedente y contribuyen “a realizar cambios estructurales o a denunciar ciertas conductas que pueden pasar a nivel nacional”.

Baulenas, en presentación del Idhuca, acompañará el caso a través de la figura de “asistente no letrado”, que implica brindar a la defensa, encabezada por la abogada Bertha de León, apoyo jurídico y asesoría.

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Anónimo
01/09/2016
05:06 am
Lo mismo sucede en Honduras, donde el periodista David Romero, con documentos en mano,ha denunciado la corrupción gubernamental y privada. Hoy es victima de querellas tras querellas y solo falta que lo echen preso, pues ya esta condenado pero no sentenciado.
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