En el sistema político salvadoreño, la Asamblea Legislativa es la responsable de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Consejo Nacional de Judicatura y el Fiscal General de la República. A ese proceso se le denomina elecciones de segundo grado.
Si bien la ley establece los requisitos y competencias que deben cumplir los funcionarios elegidos por los legisladores, en los últimos años se ha puesto en duda los criterios utilizados por estos para realizar los nombramientos. En la opinión pública, ha tomado fuerza la idea de que a la hora de elegir la balanza se inclina hacia las simpatías partidarias e ideológicas de los candidatos; y que la decisión final depende, más que de criterios de idoneidad, del bloque legislativo con mayor cuota de poder.
Para profundizar en este tema y en las posibles alternativas para lograr elecciones de segundo grado más transparentes, la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCA (Aseduca), con el apoyo del Departamento de Ciencias jurídicas, realizó el foro “Despartidización de las elecciones de segundo grado”.
En la actividad, realizada el miércoles 28 de octubre, en el Auditorio Elba y Celina Ramos, participaron Ramón Villalta, de la Asociación Iniciativa Social para la Democracia (ISD); Domingo Méndez, de la gremial de abogados; Paul Steiner, consultor jurídico; y Enrique Argumedo, catedrático del Departamento.