Nombres que no olvidamos

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Nancy Solito
19/12/2011

La justicia restaurativa es una respuesta sistemática frente al delito, que enfatiza en la sanación de las heridas causadas o reveladas por el hecho en las víctimas. Es decir, insiste en que la justicia sirva para reparar los daños causados y que las partes se involucren en el proceso. Además, le exige al Estado que se implique decididamente, mediante políticas públicas, en la reconciliación de la sociedad.

En este sentido, y para reivindicar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la guerra, el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador presentó su tercera sentencia, a partir de los elementos recopilados durante el pasado marzo, en Arcatao, Chalatenango.

La lectura del fallo estuvo presidida por Gloria Giralt de García Prieto, jueza del tercer Tribunal; Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA; Silvia Cuéllar, abogada del IDHUCA; Julio Rivera, miembro del Comité de Víctimas de Arcatao; y Claudia Hernández, coordinadora de la Unidad de Comunicación e Incidencia del IDHUCA.

El veredicto se dio a conocer el 7 de diciembre, en el aula I-15, y contó con la asistencia de miembros de la Red de Comités de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de personas de diferentes comunidades de Chalatenango.

Entre otras demandas, la sentencia responsabiliza directamente a la Fuerza Armada por actos de violaciones a los derechos humanos y al Estado salvadoreño por su responsabilidad en las masacres ocurridas y por la omisión de justicia. El dictamen presentó los casos de cuarenta y ocho víctimas en total.

De igual manera, en el documento se emiten una serie de recomendaciones para garantizar que hechos execrables como estos no se repitan, así como para fortalecer el sistema interno de protección de derechos humanos. Así, se sugiere establecer mecanismos de reparación individual y colectiva, expeditos y asequibles, a los que puedan acogerse todas las personas y comunidades que acrediten su condición de víctimas de algún hecho contrario a la legislación nacional y los tratados internacionales. Se pide, también, que el Estado salvadoreño cree los mecanismos para que toda la documentación oficial relacionada con lo ocurrido antes y durante la guerra sea conocida por la sociedad, a fin de asegurar el conocimiento pleno de la verdad.

En suma, son veinte las sugerencias al Gobierno. Formuladas con la expectativa de que lo realizado en las sesiones del Tribunal contribuya al triunfo de la justicia con las víctimas sobre la impunidad, y se pueda obtener una reparación integral y total reconocimiento de la verdad. Pues, como afirmó De García Prieto, "más allá de las definiciones legales y doctrinales, la justicia solamente será real para las víctimas cuando propicie la determinación de la responsabilidad de quienes truncaron sus proyectos de vida".

El acto culminó con la intervención de Jon Sobrino, director del Centro Monseñor Romero, quien reflexionó sobre las víctimas, aquellos que las defendieron y los victimarios. Según el teólogo, "las víctimas son el pueblo crucificado (...), y en este país abundan de dos tipos: las individuales y las colectivas". Sobrino afirmó que "las formas de crucifixión varían de una época a otra", pero que todos aquellos que sufren injusticias y opresiones "son Cristo en Cruz".

La lectura de la sentencia se desarrolló en el marco de la conmemoración de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la misma línea, el 9 de diciembre, en el auditorio del Edificio de Aulas "D", la Vicerrectoría de Proyección Social entregó el Reconocimiento "Jon de Cortina", que desde 2005 se otorga a destacados defensores de los derechos humanos en el país. Este año, el Reconocimiento fue para el Comité Intersectorial de Colón, por su lucha para hacer valer sus derechos humanos en ese municipio.

La actividad finalizó con el recital a la memoria histórica Esos nombres que no olvidamos, una creación de Patricia Morales y Paty Silva, que cuenta la vida y muerte de diferentes víctimas del conflicto armado en El Salvador.

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