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Durante siete años (de 1976 a 1983), Argentina vivió bajo una brutal dictadura militar que dejó alrededor de 30 mil desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y secuestros. En ese contexto de guerra sucia, el genocidio fue el común denominador en la actuación de las cuatro juntas militares que gobernaron la nación suramericana. A ese capítulo de la historia continental, uno de sus más oscuros, se dedicó la Cátedra Estado de Derecho, que organiza el Instituto de Investigación Jurídica de la UCA.
Raúl Zaffaroni, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, fue el responsable de desarrollar la ponencia titulada "Los crímenes de lesa humanidad. El caso de Argentina". Evento que se realizó el martes 19 de enero, a las cinco de la tarde, en el Auditorio "Ignacio Ellacuría".
Según Zaffaroni, la salvaje represión argentina tiene sus raíces en la lógica militar que se desarrolló en la guerra colonial que libraron Francia y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam en 1945. Fue en ese conflicto que surgió el concepto de "guerra sucia". Una guerra en la cual, al no estar sujetas las acciones bélicas al derecho penal y al derecho de guerra, "se puede aplicar cualquier cosa, y todo se encuentra legitimado".
Precisamente, en 1956 se instaló en el Ministerio de Defensa de la República de Argentina una comisión militar francesa de carácter permanente que comenzó a difundir esa doctrina entre los oficiales de las fuerzas armadas. Para el jurista, este hecho fue el inicio del desastre: "Bajo esta ideología se pretendió justificar las atrocidades cometidas bajo la dictadura militar, de 1976 a 1983".
En 1982, el Gobierno argentino y el Reino Unido se disputaron la soberanía sobre los archipiélagos Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. La derrota, la rendición de Argentina, provocó el desgaste y la finalización de la dictadura castrense.
Con la llegada del presidente Raúl Alfonsín, en 1983, iniciaron los esfuerzos por hacer justicia y esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos durante aquella funesta época. "El Gobierno (civil) se enfrentó a un código de justicia militar según el cual los responsables de la dictadura estaban sometidos a la justicia militar; esta justicia era absolutamente inconstitucional", explicó Zaffaroni. A pesar de ello, Alfonsín se negó a suprimir los juicios a las juntas militares.
Luego, tras la presión de las fuerzas armadas argentinas, fueron promulgadas la Ley de Punto y Final y la Ley de Obediencia Debida. Zaffaroni sostiene que estas leyes indultaron a la mayoría de victimarios y que, en realidad, son decretos de amnistía: "Estos fueron casos claros de encubrimientos que se publican como ley en el boletín oficial".
Después de más de dos décadas de lucha, en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso argentino declaró la nulidad de las leyes de amnistía constitucional. A partir de este fallo se reabrieron todos los casos y procesos que en la década de los ochenta fueron cerrados. En 2005, además, las leyes de Punto y Final y de Obediencia Debida fueron declaradas inconstitucionales, tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por los tres poderes del Estado.
"Muy pocas veces se ha visto esto en el mundo, que un país afronte este tipo de delitos con la legislación ordinaria. Estamos absolutamente convencidos de que las únicas sentencias que van a ser inapelables son las que pronuncien los tribunales ordinarios, bajo un proceso ordinario, y con todas las garantías de cada caso", dijo Zaffaroni. En este sentido, en casos como el argentino, juzgar a los genocidas en los tribunales nacionales ha representado un gran cambio en la aplicación de la justicia, y muestra un camino a seguir por aquellas sociedades que buscan saldar las cuentas con pasados de represión, terrorismo estatal y violación indiscriminada de los derechos humanos.
