A casi dos meses sin Sala de lo Constitucional

A casi dos meses sin Sala de lo Constitucional y con más de 850 procesos constitucionales en espera de resolución, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reitera su preocupación por la incapacidad de la Asamblea Legislativa de elegir el nuevo tercio de integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Como la Universidad expresó en el comunicado del 19 de julio, el retraso en esta elección es expresión de la debilidad institucional de nuestro país y, además, un incumplimiento a la obligación de renovar cada tres años la Corte Suprema de Justicia, uno de los compromisos que se adquirieron en los Acuerdos de Paz. La Comisión Política de la Asamblea ha abordado este asunto en sus últimas reuniones sin obtener, a la fecha, ningún fruto.

Ha quedado demostrado que los partidos políticos no están buscando soluciones basadas en el bien común y el pleno respeto a la independencia judicial. Cada uno pretende tener la mejor propuesta y culpa al resto de demorar la elección. Además, descalifican la participación y las propuestas de algunas organizaciones de la sociedad civil, que podrían servir como instrumentos facilitadores para la elección.

La elección de magistrados no debe consistir en el mero intercambio de listados de nombres. Los baremos son fundamentales para valorar la preparación profesional, experiencia, mérito e idoneidad de los candidatos, y no deben ajustarse a la conveniencia de los intereses partidarios.

Ante esta situación, la UCA propone la construcción consensuada de un baremo parlamentario que sea de uso común para todas las fuerzas políticas, que se aplique por igual a todos los candidatos y que ofrezca resultados objetivos y medibles, de tal modo que los mejor evaluados sean los elegidos. Esto supondría dejar a un lado los intereses particulares y poner en el centro del proceso el fortalecimiento de nuestra democracia.

Dado que la obligación de documentar y motivar la elección es de la Asamblea Legislativa, es suya la tarea de construir ese baremo parlamentario común. Después de todo, su uso le permitiría explicar, constitucionalmente y como órgano estatal, por qué los magistrados que elije son los mejores. Por otra parte, puesto que ha transcurrido buen tiempo desde la presentación de los documentos de los candidatos, es oportuno que la Asamblea actualice los informes solicitados al resto de instituciones públicas, para descartar que contra alguno de ellos pesen nuevas sanciones y/o condenas, administrativas, judiciales o éticas.

Toda discusión parlamentaria en esta elección debe ser pública. La presidencia de la Comisión Política debe asumir un papel proactivo para la solución de la actual fractura institucional. Las anunciadas reuniones bilaterales con las coordinaciones de los grupos parlamentarios y el diputado independiente deben someterse al escrutinio ciudadano. La sociedad salvadoreña tiene derecho a conocer el contenido y los resultados de esas reuniones, pues por su naturaleza es información pública.

Finalmente, para garantizar la transparencia y que la elección se realice conforme a ley y teniendo en el centro el bien del país, la Asamblea Legislativa debería convocar un grupo de observación técnica, conformado por miembros de la Organización de las Naciones Unidas y de las universidades nacionales. La negociación de los Acuerdos de Paz demostró que en el país las decisiones transcendentales se facilitan con el acompañamiento de la comunidad internacional y el monitoreo social.

La Libertad, 14 de septiembre de 2018