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Preocupada por el retraso en la elección del nuevo tercio de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de ellos miembros de la Sala de lo Constitucional, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas hace las siguientes reflexiones.
El retraso es una nueva expresión de la debilidad institucional de nuestro país; constituye un incumplimiento a la obligación de renovar cada tres años a la Corte Suprema de Justicia, uno de los compromisos que se adquirieron en los Acuerdos de Paz. La fecha del fin del período de funciones de los magistrados salientes se conocía desde hacía 9 años. A pesar de ello, los diputados aún no han podido elegir a personas idóneas, competentes y honestas para estos cargos.
No llenar las vacantes de la Sala de lo Constitucional implica la desprotección jurisdiccional de los derechos constitucionales, pues la Sala es el máximo tribunal del país, uno de los mecanismos esenciales al alcance de la ciudadanía para la defensa de sus derechos y para evitar excesos y abusos de los otros poderes del Estado y de las instituciones públicas.
Según la jurisprudencia constitucional consolidada, la Asamblea Legislativa debe documentar y motivar su decisión sobre los candidatos a ocupar una magistratura. Es decir, debe valorar la documentación de los aspirantes; ponderar el mérito, idoneidad y aptitud de cada uno de ellos; y razonar por qué los elegidos son las mejores alternativas con respecto al resto. Todo ello exige que las etapas de deliberación, selección y elección sean públicas.
Cualquier forma de elección de magistrados que no sea deliberada, razonada y pública en la Asamblea Legislativa —no en cada grupo parlamentario por separado— es antiética y una afrenta al derecho de la ciudadanía a contar con magistrados electos de forma constitucional. Una elección basada en el mero intercambio de listados de preferencias sin ponderación ni justificación sería signo de que los intereses partidarios continúan menoscabando el anhelo de que los puestos de responsabilidad en el Estado se adjudique en función del mérito.
El peor escenario es que la elección de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia se haga a través del reparto de cuotas partidarias, una práctica que ha hecho tremendo daño al país y que ha provocado el rechazo generalizado de la ciudadanía al ejercicio de la política tradicional. Recaer en el mismo vicio sería el toque de gracia para una clase política desvinculada de las necesidades e intereses de la población.
A pesar del retraso, la Asamblea Legislativa aún tiene la oportunidad de elegir de la forma correcta y evitar así ahondar su desprestigio. Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse pendiente de este proceso de elección, puesto que la protección del Estado de derecho exige la elección de magistrados independientes, imparciales, ajenos a los intereses y negociaciones partidarios.
La Libertad, 19 de julio de 2018
