La justicia es un bien supremo que hunde sus raíces en la verdad y que constituye un baluarte para alcanzar la paz. Además de ser un principio fundante e inspirador de la Constitución de la República, es un valor de la fe cristiana: ningún seguidor de Jesús de Nazareth puede preciarse como tal si vuelve la espalda al clamor de quienes sufren injusticia, dolor, vejaciones, atropellos y abusos, y se goza de la mentira, la confrontación, la división, la intolerancia y la insolidaridad.
Desde la misma ocurrencia del martirio de Elba, Celina y los seis sacerdotes jesuitas, tanto la UCA como la Compañía de Jesús han transitado un dilatado, complejo y sinuoso camino para que la verdad del crimen se conozca y se formalice dentro del sistema de justicia salvadoreño, habiendo enfrentado en cada proceso (penal o constitucional) y en cada instancia enormes obstáculos. Un paso en ese camino fue, por ejemplo, la presentación de una demanda, en el año 2000, para exigir que se hiciese justicia; otro, la petición de la reapertura del caso, en 2017.
La Universidad siempre ha buscado que el caso sea conocido y resuelto en instancias salvadoreñas con la finalidad de que constituya un precedente que abra las puertas para que otros hechos igualmente execrables puedan ser enjuiciados en el país, sentando las bases para la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho, en el que se reconozca, promueva y defienda la dignidad humana, piedra angular de los derechos humanos. En ese marco, el reciente fallo de la Sala de lo Constitucional —impuesta por el oficialismo— sobre la reapertura del caso solo ratifica lo que esta casa de estudios ha denunciado desde hace décadas: ha existido violación al debido proceso, pues sistemáticamente se ha bloqueado el acceso a la justicia, y se ha denegado el conocimiento de la verdad a través de la aplicación de distintos artilugios por parte de los funcionarios judiciales que en su momento han tenido participación en el caso.
En este sentido, es lamentable que, pese al llamado ético que tienen los operadores del sistema de justicia de escuchar los intereses y necesidades de las víctimas, el inicio del proceso constitucional en el cual se ha vertido el fallo se haya realizado de manera sorpresiva y sin ninguna participación de los familiares de las víctimas, la UCA o la Compañía de Jesús. Es un completo despropósito que se haya presentado la demanda de amparo sin haber considerado directamente la palabra técnica y sobre todo ética de quienes más conocen del caso. No obstante, la UCA buscará participar en todas las instancias judiciales en que se aborde el martirio de Elba, Celina y los sacerdotes jesuitas.
La UCA exige que el caso no se instrumentalice políticamente y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas; demanda que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas; y rechaza cualquier tipo de presión de actores externos sobre la instancia judicial. El caso de la masacre en la UCA puede constituirse en una primera respuesta al lamento de las víctimas de El Salvador, que en su mayoría no han obtenido verdadera justicia, sino resoluciones judiciales inmorales y tendenciosas.
Por otra parte, la dignidad y testimonio martirial de Elba y Celina exigen que el caso se conozca como “Masacre en la UCA”, y no como lo presenta el fallo constitucional: “Masacre de los jesuitas”, pues esta denominación excluye la memoria de dos mujeres tan valiosas y dignas de justicia como los sacerdotes jesuitas martirizados; mujeres que en el violento desenlace de su vida reafirmaron el valor universal del amor y del deber de protección a los seres queridos.
La UCA reafirma su compromiso con las víctimas de luchar por la justicia y la verdad. Lo hizo a costa de sangre durante los cruentos años de la guerra civil y lo continuará haciendo en esta época. Acompañar a las víctimas de violaciones a derechos humanos, a los pobres y marginados de la sociedad en la búsqueda de tales valores es el único camino hacia un El Salvador de hermanos que rechaza los abusos, egoísmos e impunidad de los poderosos y los violentos.
Antiguo Cuscatlán, 7 de enero de 2022