La situación de las personas migrantes y refugiadas en Centroamérica

Del 9 al 18 de junio, la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, en coordinación con los Comités de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro) y el Comité de Migrantes y sus Familiares de Nicaragua, coordinada y acompañada por organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de derechos humanos de la población migrante y refugiada, y en el caso de Guatemala por la Procuraduría de Derechos Humanos, llevó a cabo una misión de investigación y denuncia sobre el contexto de diferentes países (Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México) y su tratamiento a la migración de tránsito, especialmente hacia las personas migrantes desaparecidas, retenidas, privadas de libertad y desplazadas forzosamente por razones de violencia que requieren de protección internacional. Luego de finalizada esa iniciativa en los países de la región, las organizaciones que la integramos, destacamos a continuación los principales hallazgos:

1. Factores de expulsión de la emigración internacional de Centroamericanos hacia el corredor Sur-Norte: constatamos la grave violación a los derechos humanos de la población centroamericana en sus lugares de origen, producto de la exclusión y pobreza, y por la violencia social estructural, específicamente en el Triángulo Norte de Centroamérica, en México y en Estados Unidos, como resultado de la penetración de grupos criminales organizados, la penalización de la migración y las políticas migratorias con enfoque de seguridad nacional y control fronterizo, que generan la emigración forzada, desaparición, retención y privación de libertad a migrantes, y la necesidad de protección internacional a quienes son víctimas de extorsiones y abusos físicos y sexuales, con riesgos inminentes de perder la vida, por parte de las maras y el crimen organizado.

2. Desaparición de migrantes centroamericanos luego de iniciar su ruta migratoria: se ha conocido y denunciado a las autoridades gubernamentales los casos de migrantes centroamericanos desaparecidos: Cofamide reportó 350 migrantes salvadoreños desaparecidos; Cofamipro, 460 migrantes hondureños desaparecidos; el Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua, 124 migrantes nicaragüenses desaparecidos; la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala reportó 100 casos; y el Servicio Jesuita a Migrantes México, 284 casos de personas centroamericanas desaparecidas en México. Algunos Estados como Honduras, El Salvador y Guatemala han avanzado en algunas acciones que atienden la problemática de la desaparición de sus connacionales; sin embargo, es necesario el fortalecimiento de las mismas en aras de la eficacia y celeridad de respuestas y establecer programas de atención especializada a las familias que sufren duelo migratorio. Por su parte, Nicaragua y México carecen de mecanismos para atender esta realidad.

Fue evidente la ausencia de denuncias por parte de los familiares de los migrantes desaparecidos debido al desconocimiento de los mecanismos de denuncia y la poca credibilidad y desconfianza en los sistemas de justicia, así como la ausencia de información por parte de las autoridades para que puedan acceder a ella, por lo que se requiere divulgación sobre las instancias y procedimientos para realizar la denuncia.

3. Privación de libertad de personas migrantes centroamericanas: demandamos fortalecer financiera y operativamente a los consulados de los países centroamericanos en la región mesoamericana, a fin de que brinden oportuna y periódicamente la asistencia consular que posibilite no solo la garantía de derechos, debido proceso y exhibición personal, sino la comunicación entre las personas migrantes privadas de su libertad y su familia. A raíz de las visitas a algunos centros preventivos y carcelarios, se tuvo conocimiento de 315 nicaragüenses en centros penales y 40 en centros preventivos; 35 hondureños en centros penales y 94 en centros preventivos; 60 salvadoreños en centros preventivos; y 143 guatemaltecos privados de su libertad en los países de Centroamérica y en Chiapas, México. El Centro Pro Juárez, según la investigación realizada en 2014, registró 1,972 migrantes de Centroamérica privados de libertad en México. Pese a lo anterior, se carece de estadísticas fiables que permitan comprender la magnitud del fenómeno.

4. Centros de detención a migrantes y desplazamiento forzado: en los centros de detención para migrantes, llamados por el Estado mexicano “Estaciones Migratorias”, preocupan las condiciones de habitabilidad y el trato a las personas privadas de libertad, así como las deficiencias en la aplicación de garantías jurídicas y respeto a los derechos fundamentales. Especialmente preocupante es que se irrespete el principio de no devolución en los procesos de detención y deportación, un derecho fundamental en el marco de la protección internacional; así como el mantenimiento de medidas de privación de libertad, tanto de solicitantes de asilo como de niños, niñas y adolescentes. En la Secretaría de Gobernación de Chiapas, México, de enero a septiembre de 2014, se recibieron 1,525 solicitudes de asilo, de las cuales solamente fueron aceptadas 247, lo cual es desproporcionado ante las 127,000 detenciones anuales a nivel nacional y las 94,000 en el estado de Chiapas en México. Y es que resulta que un aproximado de 200,000 personas cruzan la frontera sur de México cada año, desde Centroamérica.

Nos inquietan los criterios aplicados por la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado a la hora de evaluar las solicitudes de asilo, por su extrema rigidez e inflexibilidad; esto genera alta vulnerabilidad en las personas ante el riesgo de retorno forzado a sus contextos de origen. La lógica de estas leyes parece atender de manera prioritaria a las políticas o estrategias basada s en un enfoque de seguridad nacional, políticas que se priorizan ante la seguridad humana y que generan la detención y deportación de la población migrante. Esta situación se ve agravada ante el despliegue del Plan Frontera Sur de México y el anuncio del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, fruto de las presiones del Gobierno de Estados Unidos, para que se aplique en la región mesoamericana un determinado modelo de seguridad y control de las fronteras y el territorio.

5. Contexto hostil para la persona migrante centroamericana en tránsito: conscientes de que las personas migrantes pierden la vida en el tren, en naufragios y en el desierto, buscamos acercarnos a los testimonios de migrantes que manifestaron haber sido víctimas de delitos como el robo y el secuestro, así como de trata de personas para fines de explotación sexual y laboral. En particular pudimos conocer los testimonios de mujeres que, además de vivir la angustia de huir con sus hijos de las situaciones de violencia y amenaza a sus vidas, son abusadas sexualmente y victimizadas de nuevo por la falta de atención social, laboral y jurídica en los países de destino, lo que les impide el goce de los derechos humanos fundamentales. De igual manera, constatamos que continúa el éxodo de niños, niñas y adolescentes no acompañados, que son una población aún más vulnerable.

Frente a esta situación, exigimos:

1. Que los Estados respondan a las reformas estructurales de sus sistemas económicos, sociales y políticos, tal y como lo demanda su ciudadanía, movilizada hoy en la búsqueda de condiciones dignas y seguras para vivir. Que exista una discusión regional que incluya a Estados Unidos, México y Centroamérica sobre los modelos de seguridad nacional que se implementan, en la que se incluya también a actores de la sociedad civil. Es urgente avanzar hacia modelos de seguridad democrática y humana que no socaven los sistemas democráticos.

2. Que se cree una base de datos a nivel regional sobre migrantes desaparecidos y un sistema de activación de alertas sobre su búsqueda en centros de detención, sistema penitenciario, hospitales y morgues; y se haga un mayor esfuerzo para constituir bancos de datos genéticos que permitan la comprobación de víctimas migrantes. Y que los países del Triángulo Norte de Centroamérica reformen la asignación de fondos para repatriación de restos humanos, a fin de que puedan ser utilizados también para el traslado de personas vulnerables o con discapacidad, como ya lo está haciendo Guatemala. Por su parte, el Estado de Nicaragua debe realizar las gestiones correspondientes para que exista un fondo para las familias nicaragüenses que necesitan repatriar los restos de su familiar o de una persona con capacidades diferentes y carezcan de recursos económicos. Además, que se promueva desde las instituciones nacionales de derechos humanos la denuncia de casos de personas migrantes desaparecidas, así como una fiscalización efectiva de las acciones del Estado en el seguimiento de casos de desaparecidos y otras situaciones que requieren protección especial.

3. Que el Gobierno mexicano establezca agregadurías de la Procuraduría General de la República en los diferentes consulados de los países centroamericanos, para que los familiares de migrantes desaparecidos puedan interponer denuncias desde sus países, y que se divulguen las funciones de esta entidad. Es necesario reconocer en México la realidad sobre la existencia de regiones de destino de personas migrantes y refugiadas, especialmente en el Soconusco, todo el área fronteriza en Chiapas y en otros estados de la República. La población de origen centroamericano establecida en México requiere del reconocimiento de su condición ciudadana.

4. Que los Gobiernos opten por la creación de nuevos centros penales, a fin de erradicar el congestionamiento de los centros de cumplimiento de condena. También es necesario modificar el concepto de centros de detención y mejorar la atención e infraestructura para los migrantes, cuya única falta es de carácter administrativo, y sobre todo que se designe un espacio independiente y una atención especializada para las personas que huyeron por la violencia. No es posible que estas personas pasen hasta nueve meses privadas de libertad.

5. Que los Estados centroamericanos designen mayor presupuesto y personal en sus consulados (especialmente en el estado de Chiapas, donde se está concentrando mayor cantidad de casos que requieren de atención especializada), que permitan una mayor cobertura a sus connacionales y que faciliten la asistencia consular, e incluso instalen consulados móviles para brindar información, tramitación de documentos y contacto con las familiares en los países de origen. Además de una efectiva coordinación y comunicación con sus Cancillerías, y que estas brinden información pública sobre los casos que son de oportuno conocimiento de familiares de migrantes y de las organizaciones que fiscalizamos el cumplimiento de derechos humanos.

6. Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas verifique y acompañe a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado en la implementación de un mecanismo transparente, confiable, ágil e informado de concesión de protección internacional a las personas que llegan huyendo del contexto de violencia de su país de origen o residencia, y que se establezcan requisitos accesibles a su condición, en coherencia con la honorable tradición de hospitalidad y asilo del pueblo mexicano. También es importante que los países que acogen personas refugiadas apliquen programas de integración social y laboral, así como medidas de atención psicosocial y de protección en el periodo inicial.

7. La Red Jesuita con Migrantes y todas las organizaciones aliadas, que acompañaron y coordinaron la misión durante su paso por los países centroamericanos, nos comprometemos a brindar un informe contextualizado a partir del recorrido realizado, así como a dar seguimiento a nuestras recomendaciones y a los acuerdos adoptados con algunas instancias.

Organizaciones, instituciones y redes que hemos sido parte de la misión regional de investigación y denuncia por los derechos de las personas migrantes en tránsito:

Honduras: Pastoral de Movilidad Humana, Foro Nacional para las Migraciones, Comité de Familiares de migrantes desaparecidos de El Progreso, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Radio Progreso y Red Jesuita con Migrantes-Honduras.

Nicaragua: Servicio Jesuita para Migrantes-Nicaragua y Comité de Migrantes y sus Familiares.

El Salvador: Comités de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, y Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Guatemala: Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, Instituto de Investigaciones y Gerencia Política, Procurador de los Derechos Humanos y Universidad Rafael Landívar.

México: Servicio Jesuita a Migrantes-México y Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba.

Ciudad de Guatemala, 20 de junio de 2015