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En España, bajo el principio de justicia universal, el juez Eloy Velasco inició en enero de 2009 la investigación que condujo a girar la orden de captura de los 20 militares salvadoreños, tras admitir una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el estadounidense Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con el apoyo de familiares de las víctimas. Velasco señala a los militares como responsables de ocho asesinatos terroristas o crímenes de Estado, y un crimen de lesa humanidad o contra el derecho de gentes, basado en las normativas penales salvadoreña y española. Las víctimas son Julia Elba Celina Ramos y su hija Celina, junto a seis sacerdotes jesuitas, todos ejecutados dentro de nuestra universidad en la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
La orden de procesar a los militares es muestra de la consistencia de los alegatos presentados ante Velasco. En dicha orden no solo se incluye a todos los señalados en la querella original, sino que se incorpora a seis personas más, cuya participación en el crimen —pese a haber sido mencionada en los informes Moakley y de la Comisión de la Verdad, así como en los documentos desclasificados estadounidenses— nunca fue considerada judicialmente en nuestro país. Asimismo, la decisión del juez confirma la teoría de que se conspiró e instigó para asesinar a ocho personas no combatientes e indefensas. También queda establecido que esas ejecuciones fueron parte de una operación militar ordenada y dirigida desde el más alto nivel castrense, junto con la colaboración civil para su encubrimiento.
¿Por qué la justicia española está procesando a estas personas? Porque en El Salvador el sistema judicial se empeñó en no hacerlo. Lo que hubo acá fue un juicio contra los hechores materiales, pero nunca se investigó ni mucho menos se juzgó a los autores intelectuales de la masacre. Desde el primer momento, las familias de las víctimas, la Compañía de Jesús y la UCA trataron que fueran las instituciones nacionales las que buscaran la verdad e impartieran justicia, sobre todo después del fin de la guerra. En este sentido, el deseo de la Compañía de Jesús y de la UCA es que las instituciones nacionales —que tienen por misión investigar estos crímenes y llevar a los responsables a la justicia— funcionen, y por eso se ha ido hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas recomendaciones tampoco han sido tomadas en cuenta por el Estado salvadoreño.
Cuando no se hace justicia donde corresponde en primera instancia, se desatan procesos como el que hoy referimos y del cual somos testigos. Las víctimas tienen derecho a buscar justicia, tienen derecho a conocer la verdad, y por ello acuden donde se les pueda atender su deseo. La Audiencia Española aceptó el caso y está actuando de acuerdo a la ley. Ahora no queda más que acatar la orden de captura internacional y llevar a los acusados ante la justicia. Le toca a la Audiencia Nacional decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, y sería un gran logro de la acción internacional para la defensa de los derechos humanos que a través de este proceso finalmente se conozca la verdad y se haga la debida justicia.
Sin embargo, salvo honrosas excepciones, nos encontramos frente a un obstáculo monumental, insensible y aparentemente insalvable: la Corte Suprema de Justicia. Por mayoría, la actual Corte se opuso a responder a las "rogatorias" del juez Velasco; se negó a entregar las copias certificadas de todos los expedientes judiciales del caso, pese a ser de conocimiento público. La causa en España necesitaba contar con un análisis cuidadoso de la prueba y la Corte no quiso colaborar. Los ahora procesados tuvieron varias oportunidades para defenderse y no lo hicieron por decisión propia, por mala asesoría o porque esa mayoría en el máximo tribunal no hizo el favor de ayudarles. Así, a la justicia universal no le quedó otra opción que decretar estas órdenes de captura internacionales.
Reiteramos, una vez más, que no deseamos cárcel para los inculpados en el crimen. De hecho, dos meses después de la vista pública del juicio de los autores materiales en El Salvador, pedimos a la Asamblea Legislativa el indulto para las únicas dos personas condenadas por el caso. Este modo de proceder, en el caso de la autoría intelectual, hubiera podido ser satisfecho con mayor facilidad dentro del Estado salvadoreño. Y es que, desde hace años, la Compañía de Jesús en Centroamérica y la UCA hemos tomado la decisión de actuar en el caso jesuitas exclusivamente con los instrumentos legales propios de El Salvador. Respetamos cualquier otra iniciativa que pueda surgir de los familiares de los jesuitas, pero no participaremos en aquellas actividades judiciales que trasciendan el marco legal salvadoreño o las obligaciones internacionales derivadas de pactos o tratados firmados por El Salvador.
En síntesis, la posición de la Compañía de Jesús y la UCA, ayer, hoy y siempre, se fundamenta en una convicción y en un compromiso: la justicia en el caso de nuestros hermanos jesuitas, Elba y Celina Ramos contribuye al fortalecimiento de las instituciones nacionales. Devolver su dignidad a las víctimas de la guerra y la posguerra, garantizándoles también el acceso a una pronta y cumplida justicia, es un deber de nuestras instituciones. La sociedad sigue demandando verdad y justicia, porque es este el único y verdadero camino para superar la impunidad y alcanzar una auténtica paz.
