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La transparencia y la rendición de cuentas son dos condiciones fundamentales para garantizar el desarrollo económico y democrático, la vigencia de los derechos humanos y el combate a la corrupción. En El Salvador, el organismo encargado de la fiscalización de la hacienda pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular es la Corte de Cuentas. No obstante, desde su creación, la Corte de Cuentas ha adolecido de severas anomalías en el cumplimiento de su mandato. Las reformas legales en las últimas dos décadas no han permitido mejorar la fiscalización de los recursos públicos ni combatir la corrupción.
En la realidad salvadoreña, la Corte de Cuentas ha devenido en una especie de botín político, otorgado al Partido de Conciliación Nacional como resultado de negociaciones que tienen como base el pago de favores. La Corte de Cuentas de la República, así como otras instancias del Estado, ha sido parte de la cuota de poder partidario, por lo que la elección de sus titulares no ha atendido los requisitos de idoneidad e independencia que se demandan. El actual presidente de la Corte está por finalizar su tercer período consecutivo en el cargo, sin que en ninguno haya rendido cuentas debidas de su actuación a la sociedad salvadoreña. Es sintomático que en las últimas décadas no se haya investigado ni castigado diversos casos de corrupción de funcionarios del Estado, aun cuando muchos de estos han sido de conocimiento público. El período del presidente y del primer magistrado está próximo a concluir,, y la Asamblea Legislativa debe nombrar a los nuevos titulares en la Corte de Cuentas. Frente a ello, las instancias abajo firmantes demandamos lo siguiente:
1. Es imprescindible la despartidización de la Corte de Cuentas, vital para que la institución pueda cumplir fielmente con su función. Hoy tenemos la oportunidad de romper con la lamentable costumbre de poner al frente de la institución a personas que emergen de oscuras negociaciones y que defienden intereses partidarios, no los del país. Es esencial que la Asamblea Legislativa dé muestras de apego a la legalidad y de compromiso con el combate a la corrupción, eligiendo como presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República a funcionarios capaces, independientes y de trayectoria profesional y humana íntegra; comprometidos con el fortalecimiento de la democracia, la defensa del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.
2. Que la Asamblea Legislativa haga transparente el proceso de elección de las futuras autoridades de la Corte de Cuentas, a fin de que el resultado deje de ser un arreglo subterráneo de partidos políticos. Además, instamos a que la gestión de las autoridades salientes de la actual Corte de Cuentas sea sometida a una verdadera auditoría, de manera que se cumpla con el espíritu de la ley y se rindan las debidas cuentas al pueblo salvadoreño. Advertimos a los partidos políticos que, de seguir con las prácticas que hasta hoy han causado tanto daño, valoren el muy probable costo político para sus institutos en el próximo proceso electoral del año 2012.
3. Que la Corte de Cuentas sea sometida a un proceso de reforma institucional que favorezca su modernización, a fin de que cumpla de forma efectiva y eficiente sus facultades administrativas y jurisdiccionales, convirtiéndose así en un verdadero ente contralor del Estado, con funcionarios elegidos en forma democrática y transparente por votación calificada.
Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), Concertación Democrática Nacional, Foro para la Defensa de la Constitución, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Iniciativa Social para la Democracia, Movimiento Independiente pro Reforma Electoal (MIRE), Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), Universidad Luterana Salvadoreña y Universidad Tecnológica de El Salvador.
San Salvador, 16 de mayo de 2011
