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En El Salvador, “la muerte arbitraria e injusta conserva demasiado poder. Pero también es un país de luchadores pacíficos contra la muerte impuesta desde el poder y la fuerza bruta”. Con esas palabras, el P. José María Tojeira, director del Idhuca, abrió el foro académico “Ejecuciones extrajudiciales y protección internacional”, realizado el 30 de enero en la Universidad.
En la actividad participaron Agnes Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; César Castro Fagoaga, jefe de Redacción de la revista Factum; Jeannette Aguilar, directora del Iudop; y Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Idhuca.
Callamard habló sobre los principales retos que enfrenta su gestión en el escenario internacional actual; entre ellos, el aumento de los conflictos entre naciones, el uso de la fuerza contra civiles, la expansión del terrorismo y las respuestas populistas ante este. Sumado a eso, “se ha multiplicado el número de actores violentos que usan la fuerza para controlar territorios”, como los carteles de drogas y las pandillas. A pesar de ello, dijo, “podemos ser leales a la causa de la protección de los derechos humanos”.
Durante el foro se abordó el caso específico de El Salvador. Arnau Baulenas, del Idhuca, explicó qué son las ejecuciones extrajudiciales, cuáles sus características y cómo, desde la legislación salvadoreña, se afronta este tipo de casos.
Por su parte, la directora del Iudop disertó sobre la descomposición de la Policía Nacional Civil (PNC) en los últimos años y cómo esto ha llevado a que la población pierda la confianza en la corporación. “Solo el 16 % de la población dijo tener confianza en la PNC. Los excesos y abusos del cuerpo policial han contribuido a ese cambio”, explicó Aguilar, citando el estudio La legitimidad y confianza pública de la policía en El Salvador, publicado por el Iudop y la Universidad de Florida en 2016.
Para cerrar el foro, el jefe de Redacción de la revista Factum trajo a colación casos emblemáticos que cuestionan seriamente el accionar de la PNC. Por ejemplo, la matanza ocurrida en la finca San Blas, municipio de San José Villanueva (departamento de La Libertad), donde “murieron ocho personas, algunas de ellas civiles” sin que se lograra determinar “cuál de los policías haló el gatillo”. Pese a ello, quedó establecido que fue “una ejecución extrajudicial cometida por la Policía”.
Según Fagoaga, la Policía “pasó de asesinar pandilleros a atentar contra sus mismos agentes y contra civiles, como se muestra en casos revelados por Factum. Esto ha dado paso una sociedad cada vez más violenta que está a favor de los grupos de exterminio, que realmente no ha entendido las implicaciones de esta violencia y para la que siempre va a ser más fácil tapar la sangre con más sangre en un país que juega a estar en paz desde 1992”.
El foro fue organizado por el Servicio Social Pasionista, Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (Comcavis Trans) e Idhuca. Como parte de la actividad, estas organizaciones entregaron a Callamard un informe sobre la situación general de los derechos humanos en El Salvador.
