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Ante la creciente demanda ciudadana de contar con instituciones públicas que atiendan éticamente las necesidades y derechos ciudadanos, 16 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la UCA, se agruparon a inicios de febrero de este año para impulsar una normativa de la función pública en los órganos de Estado.
El Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, como se ha denominado el grupo, busca que en el país existan instituciones públicas más eficientes y transparentes, comenta Ingrid Gómez, catedrática del Departamento de Ciencias Jurídicas y miembro del equipo.
"En la Asamblea Legislativa hay dos anteproyectos de ley para la creación de un nuevo marco legal, pero han sido archivados. El primero se presentó en 2014, el segundo llegó a mediados del año pasado, y ninguno ha conseguido su objetivo", explica.
En esta línea, se busca que en la Asamblea Legislativa se cree una comisión ad hoc que se encargue de analizar la aprobación de dicha ley, que acabaría con prácticas como el clientelismo y el nepotismo, las cuales han tenido un impacto negativo en las arcas del Estado y en la credibilidad de la política.
El 21 de febrero, el Equipo convocó a los diferentes partidos políticos para firmar un documento en el que se comprometen a dar pronta respuesta a las exigencias de la sociedad civil con la aprobación de la reforma.
