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El 22 de junio, la UCA y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) presentaron a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia en la que proponen una modificación al proyecto de Ley General de Aguas. El documento recomienda la creación de un ente regulador que sea de carácter público y descarta el control de la empresa privada sobre el recurso hídrico.
El proyecto de ley establece actualmente que el ente rector debe ser mixto, conformado por una representación estatal, dos de la empresa privada y dos de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures). "Este es el punto que ha causado discrepancias en la discusión de la ley. Con esta nueva propuesta buscamos que se resuelva esta situación en la comisión legislativa y asegurarnos de que el ente rector sea público, aunque cuente con asesoramiento privado", indicó Raquel de Guevara, procuradora de Derechos Humanos.
Para el P. Andreu Oliva, rector de la Universidad, si se reconoce el agua como un derecho humano y un bien público, le corresponde al Estado velar por su protección y garantizar su uso para toda la población. "Puede haber contradicciones entre los intereses de una empresa privada y los de la sociedad y la comunidad, por lo que no es conveniente que en el ente rector del agua esté representada la empresa privada", explicó.
La pieza entregada a la Asamblea propone la creación de la Autoridad Nacional de Aguas (ANA), que estaría constituida por representantes de instancias estatales que tienen relación con el tema: los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Obras Públicas y Agricultura, así como el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), entre otros.
Asimismo, plantea la conformación de un consejo asesor de 13 personas, provenientes de distintos sectores sociales; entre ellos, los de las universidades, organizaciones ambientalistas, municipalidades, comunidades y la empresa privada.
"Ya se han consensuado 90 artículos de la ley, pero se llegó a una discrepancia en el tema del ente rector. Aunque el derecho no está reconocido, no quita que se pueda aprobar una ley general de aguas, porque hay un consenso social de que el agua es un derecho humano y un bien público", afirmó Oliva.
