En el país, la venta y distribución de agua envasada se ha convertido en un negocio próspero. Tanto el Ministerio de Salud como la Defensoría del Consumidor son los entes encargados de velar por que las empresas cuenten con un registro sanitario, indiquen la fecha de vencimiento del producto e informen el origen del agua. Al no existir supervisión por parte de estas entidades, la salud de la población se pone en riesgo.