¿Cuál es la diferencia?

Tal como sucedió el año pasado con sus dictámenes en materia electoral, la Sala de lo Constitucional ha revuelto el avispero político con nuevas sentencias. Contra todo tipo de presiones, unas sutiles y otras descaradas, declaró inconstitucionales las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los períodos 2003-2006 y 2009-2012, así como el traslado del magistrado Belarmino Jaime a otra sala (contrario a lo que sostenían los diputados, Jaime fue elegido para un período de 9 años en la Sala de lo Constitucional y, por tanto, goza de inamovilidad en su cargo). De acuerdo a las sentencias, en esas elecciones de magistrados se actuó contra la voluntad popular que se expresa en la composición de la Asamblea y que, a su vez, debe reflejarse en la composición del Órgano Judicial y en el nombramiento de funcionarios de segundo grado. Además, dichas elecciones son inválidas porque no permitieron que los legisladores verificaran que los candidatos cumplían con los requisitos de moralidad y competencia notoria que ordena el artículo 176 de la Constitución; y porque no dieron pie a la renovación del pensamiento jurídico de la Corte, como lo ordena el artículo constitucional 186.

Recordemos que la anterior legislatura (que terminó sus funciones oficialmente el 1 de mayo) eligió con los votos del FMLN, GANA, PCN y PES a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, y ordenó el traslado del magistrado presidente, Belarmino Jaime, hacia otra sala del máximo tribunal de justicia. Muchas voces alertaron sobre la ilegitimidad de estas acciones, pero el FMLN y sus aliados del momento hicieron caso omiso de esos cuestionamientos. El principal argumento que el Frente esgrimió para justificar su intención de elegir anticipadamente al Fiscal y a los cinco magistrados de la Corte fue que esto ya había sido hecho antes por Arena. En efecto, en 2002, el partido de derecha reeligió a Belisario Artiga como Fiscal General y nombró a magistrados de la Corte. En aquella ocasión, el FMLN dijo que lo hecho no era más que "un reparto corrupto" de las instituciones del Estado. Diez años después, los roles se han invertido, pero los argumentos siguen siendo los mismos. En su justificación de lo actuado, el vocero oficial del FMLN afirmó que "la derecha creó el antecedente histórico de que una misma legislatura puede elegir dos veces a magistrados de la Corte Suprema de Justicia o adelantarse por varios meses a la elección del Fiscal General de la República". Y hoy Arena repite lo que en su momento reclamó el Frente.

Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en estos 10 años? En lo que respecta a los partidos políticos, prácticamente nada; el cambio de posiciones no ha alterado la manera de ejercer el poder. Arena en el Gobierno hizo lo que hoy como partido de oposición critica, y el FMLN actúa del modo que diez años antes criticó con vehemencia. Tampoco han cambiado los otros y minúsculos partidos, que viven de sumar sus voces y votos a la de quien tiene el poder y les riega migajas. Y tristemente, tampoco ha cambiado la actuación del Ejecutivo. Para apoyar lo hecho por la Asamblea, el pragmatismo del presidente Funes lo llevó a decir que "así es la democracia; no solo es ética, es numérica". Y añadió: "Si esta Asamblea quiere elegir porque tiene facultades y cuenta con la mayoría calificada, se puede elegir ahora". Es decir, según las palabras del mandatario, lo numérico se impone a lo ético.

En realidad, la diferencia, el cambio sustancial entre lo ocurrido en 2002 y 2012 es la composición de la Sala de lo Constitucional. Arena no tuvo en los magistrados de la Sala de aquel entonces un contrapeso que desmantelara las reiteradas violaciones a la Constitución de la República. Hoy, el FMLN está ante un aparato de justicia que actúa Constitución en mano y defiende la legalidad. El Frente ha visto cómo el panal de las mieles del poder es sacudido por las sentencias de esta Sala de lo Constitucional, que ha demostrado con suficiencia su honestidad e independencia. Por eso, ahora se pretende, contra toda legalidad y —en consonancia con lo que dijo el Presidente— contra toda ética, desconocer las sentencias de la Sala.