(Des)vergüenza

A poco de cerrar su período, la actual Asamblea Legislativa logró ponerse de acuerdo y juntar los votos necesarios para elegir al Fiscal General de la República, a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia —junto a sus respectivos suplentes— y al Presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Estos nombramientos son importantes y de suma trascendencia para la vida del país; en especial, porque tendrán efecto en el avance o retroceso en materia de justicia en los próximos años. Y por cómo se dieron, cabe esperar lo peor: en la elección de la mayoría de estos funcionarios lo decisivo fue el reparto de espacios de poder, no la idoneidad o la trayectoria de los candidatos. Las negociaciones en la política son necesarias, por supuesto, pero deben basarse en la ética y en la mejora del bienestar social, encaminadas siempre a la obtención de consensos que faciliten el buen gobierno. Muy distinto es negociar para que un partido obtenga más poder del que la ciudadanía le otorgó en las urnas. Tampoco es ético ni honesto ofrecer los votos de la bancada a cambio de que se nombre a un funcionario que protegerá o defenderá los intereses del partido.

Así ha sido la elección del Fiscal General, y es ampliamente conocido que es el precio que ha pagado el FMLN a GANA a cambio de sus votos en las demás elecciones. Poco les ha importado que el futuro titular de la Fiscalía, Ástor Escalante, no mostrara interés en perseguir el delito y en romper la historia de impunidad del país cuando fungió como fiscal adjunto y fiscal general en funciones. En este sentido, da la impresión de que se ha buscado un nuevo Fiscal que no abra expedientes de corrupción contra funcionarios del Gobierno del expresidente Saca y que no persiga al crimen organizado vinculado a personas de poder económico y político afines a los partidos que negociaron. Igual de triste y nefasta es la decisión de sacar a Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional. Una remoción que, además, es a todas luces ilegítima, porque todo magistrado de la Sala es nombrado por nueve años. Para removerlo, los diputados se basaron en un error que ellos mismos cometieron y que, por tanto, podían corregir. Pero en realidad fue la honestidad, rectitud e independencia del magistrado Jaime lo que lo hizo insoportable para los partidos políticos, acostumbrados del todo a los chanchullos y componendas.

Hay valores que no pueden ser negociados ni tergiversados. Si los legisladores han elegido por medio de trueques oscuros, con actitud de venganza y buscando protección para sus aliados a los funcionarios que tienen que velar por el cumplimiento de la ley y el bien común, es normal que la población no esté conforme con ello. Ese modo de proceder no solo pone en entredicho la elección, sino que también desprestigia tanto a los funcionarios electos como a los diputados que les votaron y a los partidos políticos que estos representan. Sin embargo, por desgracia, esto no es nada nuevo; ya estamos acostumbrados a que se den hechos similares cada vez que finaliza el período de una legislatura. Parece que en las últimas seis semanas de su período, los diputados se ven tentados a hacer todo aquello que no se permitieron a lo largo de los casi tres años de mandato.

De hecho, las últimas semanas de cada legislatura son siempre conflictivas, porque los partidos políticos buscan aprovecharlas para lograr los acuerdos y beneficios que la correlación de fuerzas de la siguiente legislatura no les permitiría obtener. Ello podría evitarse si se normara que la Asamblea no pudiera sesionar después de celebradas las elecciones legislativas. Así ocurre en otras latitudes; en muchas democracias, el Parlamento se disuelve al mismo momento que se convocan las elecciones, y no vuelve a sesionar hasta que los nuevos diputados toman posesión de sus curules. Por otra parte, no hay necesidad de esperar casi dos meses para instalar a los nuevos diputados, pues el proceso de conteo, publicación de resultados, impugnaciones y entrega de acreditaciones a los nuevos titulares puede ser mucho más corto. Cambiar el sistema electoral y político en este punto evitaría estos sobresaltos que solo producen vergüenza para nuestro país.