¿Es legítimo el diálogo con las pandillas?

El posible pacto entre las pandillas y entre estas y el Gobierno ha generado gran preocupación entre la ciudadanía. Y esta preocupación viene tanto por la nota que lanzó El Faro para dar a conocer el hecho como por la poca transparencia con la que el Ministro de Justicia y Seguridad Pública y el Director de Centros Penales han tratado el tema. Tampoco fueron muy afortunadas, por su poca claridad, las primeras declaraciones de monseñor Fabio Colindres sobre su rol de mediador entre las pandillas. Pero en conversaciones posteriores, ha sido mucho más explícito y con ello ha ayudado a entender mejor qué está ocurriendo.

Monseñor Colindres se ha referido a la búsqueda de un entendimiento entre las pandillas para terminar o disminuir la agresión y la violencia entre ellas. Esto es muy positivo y ojalá que el acuerdo prospere y se mantenga en adelante. La lucha intestina entre las pandillas ha cobrado miles de vidas, causando zozobra, dolor y sufrimiento a la población en general, y de un modo especial a las familias de estos jóvenes. Este acuerdo sin duda traerá un poco de paz a los barrios y cantones de nuestro país.

Sin embargo, muchos se cuestionan si es o no correcto un diálogo entre las pandillas y las autoridades gubernamentales. La pregunta no es ociosa, porque se trata de un diálogo con grupos que están actuando fuera de la ley, que cometen delitos a diario, algunos de ellos atroces, y que en algunos casos han sido condenados judicialmente. Por otro lado, a la autoridad le corresponde garantizar el cumplimiento de la ley y no puede sustraer de la justicia a ninguna persona que haya cometido un delito. El temor de la población es que el diálogo entre pandillas y Gobierno pueda llevar a concederles privilegios a los jefes de los grupos pandilleros y a sus integrantes, ofrecerles un trato favorable, y dar pie a una mayor tolerancia ante los delitos y crímenes que estos grupos cometan. De estarse negociando algo como esto, las autoridades se estarían ubicando fuera de la ley y el diálogo sería inadmisible y quedaría desacreditado de inmediato.

Pero ello no implica que el diálogo entre las pandillas y las autoridades sea a priori ilegal. La posibilidad de un diálogo legítimo existe, y este puede ser beneficioso para la sociedad. Para ello, debe darse bajo el compromiso del respeto a la ley, sin poner en tela de juicio la plena aplicación de la justicia y en condiciones de total transparencia. Solo así podría ser válido entablar conversaciones con las pandillas para la consecución de un objetivo esencial: disminuir los índices de violencia, los hechos delictivos y, en especial, el número de homicidios. Todo ello devolvería la tranquilidad a buena parte de la población. Es este un interés legítimo y que va en la línea de la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Ahora bien, ¿cuál puede ser el interés de las pandillas de participar en el diálogo? Pese a su negro historial, no es atinado ni prudente descartar que puedan tener intereses legítimos para ello. El respeto pleno a los derechos humanos de los privados de libertad y de sus familiares es, por ejemplo, una demanda totalmente legítima. La deshumanización de la vida en los centros penales es una realidad que no se puede negar. El maltrato que dispensan los custodios y militares, el hacinamiento, la mala y deficiente alimentación, las dificultades para las visitas de los familiares son aspectos que hay que corregir pronto, y es legítimo que los pandilleros quieran mejoras en ellos. Como también lo son las demandas de centros penales que faciliten la rehabilitación o que permitan el entretenimiento durante la reclusión, y que se emitan las sentencias dentro de los tiempos establecidos por la ley.

Todos estos aspectos pueden ser motivo de diálogo, y se puede avanzar en su solución sin irrespetar la ley ni poner en duda la debida justicia. Ojalá que el debate continúe y que ello contribuya a disminuir los niveles de violencia y delincuencia en el país; ojalá seamos capaces todos de encontrar solución al grave problema de la criminalidad más allá de fortalecer los músculos para la represión.