¿Hay que volver a penalizar la crítica?

En los Estados autoritarios se impone una sola forma de hacer las cosas, de entender la vida y de relacionarse unos con otros. Y esa forma es incuestionable. Por eso, quien se atreve a pensar diferente, a criticar y a proponer otro estilo enfrenta graves consecuencias.

No sucede eso en las democracias. Teóricamente, en esas sociedades conviven diferentes modos de hacer y de pensar. Se puede criticar a los gobernantes, ejercer contraloría social y exigir al Estado una actuación transparente. El periodismo juega un rol determinante para informar y para escrutar la actuación de las autoridades.

Por eso existe una tendencia internacional a despenalizar el desacato y la crítica a las autoridades. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole". Es un precepto que no sólo beneficia al periodismo, sino a todos y todas.

Esto no significa tampoco que se pueda lesionar el honor de las personas. Eso se debe regular para evitar abusos. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión marca un camino cuando establece que la protección de la reputación debe estar garantizada solo a través de leyes civiles. Es decir, es preferible una sanción económica a la cárcel.

Debe entenderse que encarcelar a una persona es una sanción excesivamente dura, especialmente en sistemas penitenciarios como el salvadoreño. Llegar a una prisión implica vivir hacinado, con malas condiciones de salubridad y expuesto a violaciones, o a la muerte misma.

Si un ciudadano enfrenta el riesgo de terminar en el sistema penitenciario por criticar, lo más seguro es que no lo haga, aunque su aporte sea válido o determinante para frenar un abuso. Esto es especialmente importante cuando se habla del periodismo. El trabajo de los comunicadores y las comunicadoras consiste fundamentalmente en investigar e informar a la población para que ejerza sus derechos.

Ya una sanción económica es un freno para los reporteros y reporteras nacionales. La situación laboral del gremio periodístico no es bonancible y no cualquiera puede pagar una multa. Por eso, también la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión plantea que debe probarse que quien critica tiene intención de dañar o que conoce que la información que difunde es falsa.

En nuestro país, en 2004, se despenalizó la elaboración de juicios desfavorables hacia una persona o institución. Ahora, la Corte Suprema de Justicia estudia un recurso que pretende dar marcha atrás a esa medida, lo que implicaría retroceder en los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

El trabajo de la prensa es importante en una sociedad como esta, en la que se cometen tantas arbitrariedades. Han sido investigaciones de reporteros y reporteras las que han destapado escandalosos casos de corrupción y que han dado a conocer graves violaciones a los derechos humanos.

De penalizarse la crítica, es probable que portar una pancarta o una manta en la que se cuestione a un funcionario por el mal servicio de agua potable o energía eléctrica sea sancionado con cárcel. También salir a las calles para expresarse contra la violencia y decir que las autoridades no están haciendo nada.

Pese a los señalamientos éticos contra algunos medios, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben valorar si la medicina que quieren aplicar no tendrá peores consecuencias. Penalizar la crítica no solo perjudicará a la prensa, sino también a la población.