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El Presidente está decidido a involucrar de lleno a la Fuerza Armada en labores de seguridad pública. El Ministro de la Defensa Nacional hizo sus propuestas y parece que el mandatario de la República concuerda con el apoyo militar para hacerle frente al problema de la inseguridad. Lo anterior no es propio del país ni es nuevo. En buena parte de América Latina, la incapacidad de los Gobiernos para resolver sus retos en esta materia los ha llevado a recurrir a las fuerzas armadas para que "salven la situación". En El Salvador, los Acuerdos de Paz establecían que "el mantenimiento de la paz interna, de la tranquilidad, del orden y de la seguridad pública está fuera de la misión ordinaria de la Fuerza Armada como institución responsable de la defensa nacional". Pese a la claridad de este principio doctrinario, tanto los Gobiernos de Arena como el actual decidieron impulsar los llamados Grupos de Tarea Conjunta (GTC), hoy denominados Grupos de Ayuda Comunitarios, compuestos por policías y soldados. Para ello se adujo que existe una situación de excepcionalidad, pero sacar a los militares a las calles no sólo se ha vuelto "normal", sino que, por los vientos que soplan, la Fuerza Armada podría convertirse en un actor clave de la seguridad pública.
La situación anterior se puede analizar desde dos ópticas: la dudosa efectividad de una medida de este tipo y el peligro de que El Salvador sufra una militarización que lo lleve de vuelta al pasado. Con respecto al primer punto, es interesante poner atención a lo manifestado por expertos como Hernando Gómez, coordinador del recién presentado Informe para América Central del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). "La inseguridad no es un tema de ejércitos, la inseguridad es un tema de policías", dijo Gómez (El Faro, 22/10/2009). Según el Informe, la nueva militarización de la seguridad es una de las "salidas falsas", "seudo-salidas" o "salidas patológicas" de los actores políticos y sociales, quienes, "exasperados ante la ineficacia del sistema [...], empiezan a buscar remedios que en apariencia al menos resuelven su problema, aunque en realidad bien pueden agravarlo —y que de todas formas agravan el problema de la sociedad vista como conjunto—".
Otro aspecto a considerar sobre la intromisión de los militares en asuntos civiles es que la institución castrense puede adquirir un protagonismo social y político que no le corresponde, y por el cual luego sea difícil subordinarla y que permanezca "obediente, profesional, apolítica y no deliberante". De acuerdo al especialista en seguridad y defensa Craig Deare, el factor determinante de la militarización en América Latina es la incapacidad de las autoridades civiles para equilibrar eficazmente la dinámica de desarrollo-seguridad. Deare considera que "la ineficacia de las autoridades civiles puede resultar en un ciclo nuevo de intervenciones militares". En la misma línea se pronuncia el profesor David Mares, de la Universidad de California, quien advierte que "cuando el gobierno civil demuestra que no puede gobernar sin recurrir a los militares, tanto la sociedad como los propios militares empiezan a desconfiar de la propia democracia [...]; no puede ser alentador que los militares desempeñen un papel tan importante sin que el control civil se haya consolidado".
Puede ser contraproducente, entonces, militarizar la seguridad, y más aún que la Fuerza Armada se involucre en temas que le son ajenos desde el punto de vista técnico y constitucional. En este sentido, parece que El Salvador sufre de amnesia, parece que ha olvidado los costos de tener a los militares gravitando en el sistema político: graves violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y militarismo. El filósofo Santayana decía que "todos aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo". Para muestra un botón: en la también amnésica Honduras, la Fuerza Armada era en papel (al igual que aquí) profesional, apolítica, obediente y no deliberante...
Más allá de lo anterior, los ejércitos consumen recursos; las sociedades en paz ahorrarían mucho disolviéndolos para reinvertir en necesidades más vitales, como salud, educación o en la misma seguridad ciudadana.
