¿Será?

El artículo 193 de la Constitución le manda a la Fiscalía General de la República dirigir la investigación de los delitos con la colaboración de la Policía Nacional Civil; también le pide echar a andar la maquinaria penal, por iniciativa propia o cuando se lo pida la parte interesada. Esta disposición fue desarrollada en el Código Procesal Penal, que comenzó a aplicarse en abril de 1998. Así, hace poco más de quince años, se le entregó a la institución el monopolio de estas dos actividades esenciales para superar un mal endémico en el país: la impunidad. Antes, la segunda de dichas funciones era compartida con los jueces. Pero en adelante, tal como quedaron establecidas las reglas del juego y por ser una institución cuya conducción depende de una persona, el cumplimiento de ambas funciones quedó en manos de su titular, el Fiscal General de la República.

En esas condiciones, quienes ocuparon el cargo desde el fin de la guerra hasta septiembre de 2012 —desde Roberto Mendoza Jerez hasta Romeo Barahona— no contribuyeron en nada a hacer valer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las innumerables víctimas de antes y durante el conflicto armado. Y de eso no se escapa ni siquiera Manuel Córdova Castellanos, el fiscal general que entre 1996 y 1999 logró avances importantes, como la captura, juicio y condena de dos autores materiales del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, ocurrido el 10 de junio de 1994. Ese esfuerzo favoreció que se dictara otra condena más relevante: la del Estado salvadoreño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por irrespetar las garantías y protección judiciales y la integridad personal.

También bajo la conducción de Córdova Castellanos, pese a los enormes obstáculos que enfrentó y que fueron generados por las entonces autoridades de seguridad pública, el 11 de octubre de 1998 se consiguió declarar culpables a cinco policías que el 2 de septiembre de 1995 asesinaron al joven Adriano Vilanova Velver. Los agentes fueron de los primeros miembros de la corporación policial que pagaron por su proceder criminal, y esa actuación fiscal auguraba una posibilidad prometedora para la sociedad salvadoreña. Porque pese a tanto aplauso nacional e internacional para esa nueva institución y para el afamado proceso de paz, la Fiscalía General de la República estaba demostrando que tenía la capacidad y los recursos para caerle mal a ciertos poderes y desentonar con el discurso oficial nacional e internacional. Ello, en aras de defender los intereses de la sociedad.

Estas y otras "insolencias" de Córdova Castellanos impidieron que los poderes del país rechazaran su reelección en 1999. Pero ni siquiera durante esa administración se avanzó en darle debida respuesta a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Tanto el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (el Idhuca) como otras organizaciones civiles que acompañan a las víctimas han acudido a la Fiscalía para solicitar investigación y juicio de los responsables de algunas de esas atrocidades. Hasta hace poco, ante esas demandas, la tónica había sido el silencio o la burla del Fiscal de turno.

En 2006, el 27 de enero, Rosa Erlinda viuda de Franco denunció el asesinato de su esposo, Manuel de Jesús Franco Ramírez, al fiscal Romeo Barahona, quien inconstitucionalmente ocupaba el despacho desde noviembre del año anterior, en medio de uno de los tantos incumplimientos legislativos de los plazos para elegir al nuevo titular. Franco Ramírez fue uno de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario secuestrados el 26 de septiembre de 1980 y ejecutados con lujo de barbarie, tal como se constató al recoger sus cadáveres un día después. Transcurrido un año de la denuncia sin ningún avance, Rosa Erlinda presentó un escrito al Fiscal General que fue elegido en abril de 2006. En el texto le pedía a Félix Garrid Safie una reunión para que le informara sobre su caso y para que realizaran las actividades de investigación que propuso en su demanda inicial. La respuesta: ninguna.

El 7 de abril de 2010, Carlos Santos y Rolando González, sobrevivientes de torturas que luchan por conocer la verdad y alcanzar justicia; Santos Ventura Reyes, hermano de Francisco Arnulfo Ventura Reyes, estudiante desaparecido de manera forzada el 22 de enero de 1980; y Mario Zamora, hijo del Procurador General de Pobres asesinado el 23 de febrero de ese mismo año, presentaron sus respectivos casos pidiendo la intervención fiscal. Un año después, solicitaron audiencia a Barahona. Hasta la fecha, no se conoce de alguna investigación realizada. Lo mismo sucedió en octubre de 2010 con el caso de Félix Ulloa y en abril de 2012 con los de Carlos Virgilio Marín Alfaro, José Ramón Arita Rosa, Óscar Edmundo Garza y David Córdova Menjívar. Se presentaron demandas, pero a estas se respondió con inactividad fiscal y silencio.

Sin embargo, pareciera que por fin esa nefasta tradición de desprecio a las víctimas podría comenzar a cambiar. Pareciera que la Fiscalía General empieza a moverse en sentido contrario a lo que ha sido lo usual en el reto de encarar las atrocidades ocurridas en el pasado reciente de la historia salvadoreña, de forma de garantizar que esa barbarie no se repita en el país. Entre marzo y mayo de este año se presentaron 43 nuevas denuncias sobre ejecuciones sumarias, detenciones ilegales y torturas, desapariciones forzadas y masacres en la sede central de la Fiscalía General de la República. Grata sorpresa para las víctimas y el Idhuca ha sido el hecho de que su perseverancia consciente y decidida, a pesar de los pesares, comienza a producir resultados.

El 16 de julio de este año, en las oficinas fiscales de Cojutepeque, se recibió el testimonio de María Guadalupe Alfaro, víctima de homicidio tentado en 1983, cuando una bomba lanzada desde un avión del Ejército le causó heridas en el pecho y la pierna derecha. Además, ya se programó el peritaje físico y psicológico de María Guadalupe. Lo hecho hasta hoy constituye algo positivo, pero habrá que esperar una buena investigación de los hechos. Con esta luz encendida en el sinuoso camino de las personas a quienes siempre les han negado todo, en algunos casos hasta su existencia, ¿será que el actual fiscal general de la República, Luis Martínez, impulsará lo que nunca hicieron sus antecesores para dejar de lado la discrecionalidad y el sometimiento institucional a los poderes externos? ¿Será que durante su administración, lo regulado en la Constitución dejará de ser una opción y pasará a ser una obligación del titular de la Fiscalía General?