Bukele no desea ser recordado como otro presidente ladrón, rodeado de ladrones. Por eso, puso a todos los funcionarios del poder ejecutivo en manos de su fiscal para que los investigue “para atrás y para adelante”. Contrario a las apariencias, no es una rendición de cuentas al final del mandato, sino un ajuste de cuentas en las filas del Ejecutivo. La razón de fondo no es la corrupción y el robo, sino purgar a los funcionarios desleales o indisciplinados, que no se han apegado al guion establecido por los argentinos, con el pretexto de castigar la deshonestidad. Simultáneamente, el ajuste de cuentas proyecta la imagen de un mandatario íntegro y responsable.
La operación, contrario a lo que Bukele “imagina”, es problemática, porque carece de credibilidad. El fiscal no ha demostrado las competencias mínimas para controlar la corrupción. Al comienzo de la presidencia de Bukele, engavetó las investigaciones iniciadas por su antecesor sobre la corrupción de varios de los nuevos funcionarios. Ahora, sin duda, investigará y encontrará corruptos. Pero solo aquellos cuyos nombres figuren en la lista de indeseables de Casa Presidencial. Estos serán juzgados y condenados. Rodarán algunas cabezas, no todas, ni siquiera las de los más corrompidos. Antes, al fiscal le ordenaron archivar y archivó; ahora, le han ordenado lo contrario y obedecerá para retener el cargo. Muy a su pesar, no se diferencia de la mayoría de sus antecesores, a quienes desprecia como simples “títeres”, “que buscaban mantener sometido al país a sus antojos”. A diferencia de aquellos, no satisface sus caprichos, sino los de su patrón. No es verdad que “quien sea que haya cometido delito será perseguido y punto”. Solo perseguirá a los señalados.
La amenaza de investigar la corrupción no incluye a Bukele, quien se deja al margen con el argumento de que él no roba para no ser recordado como facineroso. Tampoco a sus hermanos y su círculo íntimo, en teoría, porque no forman parte del poder ejecutivo. Todos ellos tienen la continuidad asegurada. La reelección les garantiza cinco años más de impunidad e inmunidad. Si Bukele temiera en verdad ser recordado como otro presidente sinvergüenza, desde el comienzo de su gestión presidencial habría fomentado la transparencia; habría entregado información abundante, oportuna y detallada sobre sus actividades; y habría promovido la investigación de sus funcionarios. En lugar de apertura y claridad, reina el hermetismo. Cabe recordar aquí, ya que tanto le gusta citar la Escritura, que en Juan se lee que “todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras” (3,20).
Aunque no hubiera duda sobre su integridad personal, Bukele ha permitido la proliferación de corruptos en su entorno. Los dos presuntos maleantes que alega haber capturado como prueba de su determinación son irrelevantes frente a los millones de dólares que han circulado libremente por los despachos no solo del Ejecutivo, sino de todos los poderes. La evidencia no permite recordarlo como “el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara y al que robó lo metió en la cárcel”. De todas maneras, si hubiera verdad en este deseo, debió pedir al fiscal que realizara sus averiguaciones de cara a la opinión pública. Bukele promueve la honestidad desde la oscuridad.
El anuncio de la purga de sus colaboradores más cercanos es un melodrama de mal gusto. Una puesta en escena, como su comparecencia entre las mises o en la isla Tasajera. ¿Por qué no comparece ante los campesinos despojados de sus parcelas donde proyecta levantar infraestructuras gigantescas? ¿O ante las madres de los desaparecidos y las víctimas de las masacres?
La dictadura es, por definición, desvergonzada. Después de despedirse de sus subordinados, Bukele los amenazó con una supervisión implacable, ya que tendrá “más tiempo para estar viendo cómo tienen las cosas, cómo avanzan las obras”. Así, pues, no se va; la despedida es una farsa. El decreto que lo “licencia” seis meses para hacer campaña reelectoral establece que, tanto él como su socio, retienen la relación con la presidencia del poder ejecutivo y, por tanto, gozan de las prerrogativas propias de sus cargos. Dicho de otra manera, puede hacer, y ya hace, campaña reelectoral con los recursos y el dinero del pueblo, que dice es su razón de ser.
Otra es la suerte que aguarda a los defenestrados. Vivirán días tan funestos que se arrepentirán de haber servido a Bukele. Los desconocerá, les cerrará los portones de Casa Presidencial y los arrojará a la cárcel que prepara para ellos. Nunca se les ocurrió que su último servicio sería ser víctimas propiciatorias de la imagen presidencial de rectitud.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.