Credibilidad escurridiza

Los desvelos del régimen de Bukele para encontrar reconocimiento en el exterior están reflejados en una larga entrevista que el vicepresidente tuvo a bien conceder a la BBC de Londres. Las falsedades y las torpezas de las declaraciones vicepresidenciales son un fiel reflejo de cómo se les escabulle la credibilidad internacional. En ellas palpita una realidad que pugna por salir a la luz y el afán por disfrazarla de bienestar y provecho. Atribuir las desventuras del régimen a la mala intención de la oposición local, a la desinformación de la prensa extranjera y a la ignorancia de los organismos internacionales no ha favorecido la causa de los Bukele. Juzgue el lector cuánta objetividad hay en estas acusaciones, a la luz de las declaraciones del vicepresidente.

Los soldados y los policías no incursionan en las comunidades para capturar al tatuado o al que ha sido denunciado anónimamente, sino que van “directo” a quien ya posee “un perfil”. Lo demás es “una mentira” difundida por la oposición local y los medios extranjeros. Claro, los agentes del régimen abusan y se equivocan al capturar a quien no está vinculado a las pandillas, pero esa “no es una política” gubernamental. Más todavía, las detenciones se rigen por “un protocolo” y existe “una oficina para recibir quejas”. En cualquier caso, más de tres mil detenidos han sido liberados después de revisar su caso, “siguiendo el debido proceso legal en los tribunales”. El vicepresidente desconoce cuántos siguen detenidos aún y se niega a hacer “conjeturas” en “un asunto delicado” que está en manos de los jueces. El Ejecutivo no interviene en la administración de justicia, porque “la separación de poderes es clave”.

Los liberados después de varios meses de reclusión deben comprender que los Bukele heredaron “un sistema penitenciario superpoblado”, que ya trabajan en “mejorar y acelerar lo más posible la administración de justicia”, para lo cual han contratado más fiscales, jueces y defensores públicos, y han construido “la mayor instalación para albergar a esos presos”. Quien tenga dudas sobre el trato dado a los detenidos debe consultar el “informe independiente” del Comité Internacional de la Cruz Roja, que supervisa diariamente sus condiciones. Sin embargo, el vicepresidente “no tiene un juicio final” sobre este punto, “porque la sensibilidad hacia los victimarios puede ofender a las víctimas”. En cualquier caso, “esa gente es presentada así”, semidesnuda, descalza, rapada y hacinada en cuclillas, porque “el presidente quiere ser transparente y responsable”. Indudablemente, la medida es muy popular, “¿por qué no? Si estás haciendo algo bueno [aunque] la oposición dice que estás haciendo algo malo”.

Aquí el discurso deriva a lo esperpéntico. El vicepresidente alega desconocer quién ordenó la incomunicación de los detenidos. Por tanto, remitió al periodista al director del sistema penitenciario para preguntarle “qué es lo que pasa”. Eso sí, le adelanta que los casos de incomunicación son pocos y que “las familias mienten”. En cualquier caso, el Estado se atiene a los Convenios de Ginebra, que regulan las guerras y el conflicto interno. Pero advierte que no se trata de una guerra contra niños inocentes o delincuentes comunes, sino contra “una fuerza estructurada, con armas pesadas”, aunque con “cero muertos”. Es una operación “sin precedentes a nivel mundial”.

En esa misma línea de negación de la realidad, el vicepresidente afirma rotundamente que “no hay ni hubo ninguna negociación con las pandillas”. Si acaso hubo “algún intercambio o trato o algo, negociar con las pandillas no es una política del Gobierno”. Si bien no pone en duda la afirmación del fiscal general estadounidense que asegura lo contrario, le gustaría saber si verificó la información con los funcionarios salvadoreños señalados. Debió preguntarles “si es verdad o no que [negociaron], por qué lo hicieron, los términos de la negociación, qué lograron, qué dieron y también si tenían órdenes superiores de hacerlo”. Al llegar a la liberación del Crook, el vicepresidente vuelve a tropezar. No tiene “ni idea” de ella. Leyó la noticia en la prensa, “pero no sé si es verdad o no. No puedo decir nada al respecto”. “No sé si es el mismo caso por el que nos fue pedida una extradición”. Sea lo que sea, está “bien claro” que “el Gobierno no tiene ninguna posibilidad de resolver el asunto, porque está en manos del poder judicial”.

Mientras extermina a los pandilleros, el régimen “lidia” también con la pobreza y la emigración forzada, recupera la “industria agrícola”, esto es, la plantación de café, ejecuta un plan para evitar que los jóvenes ingresen en la pandilla y atiende a las esposas y las madres de los detenidos. De esa manera, el régimen de los Bukele “prepara la nueva sociedad”.

Estos tendrán que cambiar drásticamente de rumbo para encontrar la credibilidad que aparentan desear, pero que se les resiste. De ahí que los desafíos tuiteros del presidente no sean respondidos. Es claro que la comunidad internacional no aplaudirá al régimen actual.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.