La demanda social acumulada en el país es tan enorme y diversa (inseguridad, violencia, salarios precarios, deficiencias en salud, incertidumbre por el sistema de pensiones…) que decir que la educación superior está en crisis es algo que difícilmente tocará la sensibilidad de las autoridades públicas. Sin embargo, la realidad de la educación superior necesita de atención urgente para atender sus dificultades intrínsecas y porque dentro de este sector se podrían generar muchas de las soluciones que se requieren para superar esa demanda social acumulada.
La tasa bruta de matriculación en El Salvador es del 27%. Esto indica que del total de jóvenes en edad de estar inscritos en la educación superior solo el 27% de ellos lo logra: 176,293 para 2014. La tasa para Costa Rica es del 45%; para los países avanzados, entre el 70% y el 90%; y el promedio para Latinoamérica y el Caribe, 35%. Al calcular los estudiantes universitarios adicionales que deberíamos tener en el país para alcanzar ese promedio latinoamericano, se obtiene la cifra de 46,562. Ahora, si pensamos en la infraestructura necesaria para atender esos estudiantes extra, deberíamos tener el equivalente a cinco universidades nuevas con la actual capacidad e infraestructura de la UCA (que ya cumplió 50 años) o se requeriría construir otra UES (que cumplió 175 años recientemente). A grosso modo, ello requeriría de una inversión de no menos de 350 millones de dólares.
Mantener el sistema de educación superior del país cuesta 264 millones de dólares al año, por lo que atender a los estudiantes adicionales tendría un costo aproximado de 70 millones anuales. Por esto cabe afirmar que tenemos un sistema de educación superior en crisis. Esta situación no se debe a falta de estudiantes, ya que cada año se gradúan 85,000 jóvenes de bachillerato, de los cuales se admite en las instituciones de educación superior a 28,000. El principal problema es que tenemos una sociedad excluyente que expulsa a la población joven, y a esto hay que agregar la escasa inversión anual en educación: El Salvador tiene un gasto público en educación del 3.5% del PIB, mientras que países como Costa Rica dedican más del 6%.
¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Lo primero, aceptar que debemos transitar hacia el ingreso masivo de estudiantes en el sector público. Esto implica eliminar barreras de acceso (notas, exámenes, pagos mínimos, etc.), aumentar el presupuesto de las instituciones del sector, ajustar horarios de trabajo y reacomodar el uso de espacios (aulas) en toda la infraestructura pública para acomodar más estudiantes. También se deben eliminar prácticas excluyentes que se refugian en la justificación de que se degradará la calidad académica de las instituciones públicas al admitir a todos los estudiantes que aplican. En este país, los estudiantes son valiosos con solo mostrar interés por estudiar.
En segundo lugar, se debe crear un fondo de crédito educativo con capital público y privado, para que estudiantes de escasos recursos puedan realizar estudios en las instituciones de educación superior públicas y privadas. Este crédito educativo debe cubrir gastos de vida y materiales de estudio. Tercero, se debe reformar la Ley de Educación Superior para ampliar las titulaciones (por ejemplo, incluir las especialidades), flexibilizar los posgrados y acortar la duración de las licenciaturas a cuatro años (sin tesis o trabajos de graduación). Por supuesto, hay otras medidas complementarias, como facilitar la instalación en el país de universidades del extranjero. En esta línea, la puesta en marcha de la educación a distancia en la UES ha sido una buena decisión.
Aumentar la matrícula universitaria tiene un impacto positivo en la innovación. Los modelos de innovación como el de la triple hélice indican que no hay “empresas” más innovadoras que las universidades, debido principalmente al flujo continuo de talento humano (ingreso de estudiantes y graduación de profesionales) que se da en ellas. La clave está en aumentar el flujo (por eso la tasa bruta de matriculación de los países avanzados llega al 90%) y en diseñar un sistema de innovación universitario que aproveche todo ese talento y lo ponga en la dirección de contribuir a la solución de los grandes problemas del país.