Derechos económicos, sociales y culturales

La semana pasada, la Procuraduría de Derechos Humanos solicitó al Ministro de Relaciones Exteriores que el país se incorpore plenamente al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmando el Protocolo Facultativo del mismo, recientemente aprobado por las Naciones Unidas. Es de esas noticias que aparecen medio escondidas, y a la que solamente el CoLatino le ha dado la debida atención. Sin embargo, este es un paso que no solamente se debe dar, sino que es básico para el desarrollo de nuestra sociedad.

En efecto, mientras el Pacto está aprobado desde 1976, su protocolo es reciente y permite el reclamo de todos aquellos derechos de segunda generación que sean denegados de alguna manera en El Salvador. Por supuesto, hay toda una serie de procedimientos, y solamente serán admisibles aquellos reclamos que hayan agotado los recursos internos del país. Pero el Protocolo ofrece unas enormes posibilidades de intervención del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en circunstancias adversas a la población. Por poner sólo un par de ejemplos: una comunidad que fuera privada del derecho al agua porque una empresa minera dañara sus fuentes podría recurrir a esta instancia si el Estado salvadoreño no tomara cartas en el asunto; o un grupo que no tuviera la alimentación requerida a causa de una mala cosecha, o por las razones que fuera, podría llegar a presentar en este organismo su derecho a la alimentación si el Estado no respondiera al mismo.

En El Salvador, como en la inmensa mayoría de los países, están mucho mejor legislados los deberes negativos (no matar, no robar, etc.) que los deberes positivos de solidaridad (acceso al agua, a la alimentación, a la vivienda digna...). El Protocolo de este pacto ayudará sin duda a que estos deberes positivos de la solidaridad se respeten mejor. Ciertamente, su firma sería una muestra de coherencia entre los principios solidarios que el actual Gobierno proclama y las necesidades de nuestra gente. Y una muestra de coherencia también con nuestra propia Constitución, que tiene contemplados los derechos positivos de la población. Derechos, sin embargo, que no se concretan en la legislación secundaria tanto por la injusta repartición de la riqueza, como por la lentitud, ineficiencia e irresponsabilidad de quienes han jurado obedecer la Constitución, pero no advierten que se deben legislar adecuada y universalmente los derechos positivos consagrados en la misma.

Este compromiso internacional ayudaría a todos a entender los anhelos e incluso reivindicaciones de las mayorías en El Salvador; y ayudaría sin duda a mantener un diálogo sobre políticas públicas más objetivo en el Consejo Económico y Social (si es que dicho diálogo comienza, pues 18 días después de instalado no ha dado señales de nada).

Los pasos hay que darlos; por supuesto, con gradualidad, pero en una dirección clara. Nunca nos cansaremos de repetir que no sólo es una vergüenza, sino que es profundamente injusto que haya dos servicios públicos de salud con calidad y atención muy diversa para los usuarios. E incluso que la discriminación entre los usuarios de uno u otro servicio sea predominantemente económica. Como también es injusto el sistema de jubilaciones actual, que excluye de hecho totalmente de ese derecho a la mayoría de la población.

En este contexto, bueno sería también extender nuestra política de firmas de pactos al del Tribunal Penal Internacional. Los casos del pasado no entrarían en el tratado, de modo que podrán dormir tranquilos quienes tienen miedo de fiscales independientes en El Salvador. Y, ciertamente, un tratado como ese nos aseguraría en plenitud que la barbarie de 11 años que vivimos en los ochenta no se podrá repetir.