Derrotero del proceso de una reforma constitucional por el derecho humano al agua en El Salvador

El 28 de julio de este año, se cumplieron 10 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Mientras tanto, en El Salvador, este derecho humano sigue sin ser reconocido en la Constitución de la República y tampoco ha sido desarrollado en la legislación secundaria.

La crisis hídrica en El Salvador es de larga data. Somos el país centroamericano más próximo al estrés hídrico, es decir, a llegar al punto de no tener agua suficiente para el consumo de todos sus habitantes. La dispersión, los vacíos y las contradicciones en los distintos instrumentos jurídicos propician la mala gestión del agua. La falta de legislación adecuada en materia hídrica además favorece las oportunidades de negocio de pocos y profundiza la crisis hídrica que padecen muchos.

Al final del periodo legislativo 2009-2012, 81 diputados votaron por una reforma que tímidamente reconocía el derecho humano al agua. En la última plenaria del periodo 2012-2015 la reforma se sometió a votación, pero no fue ratificada. Muchos de los diputados y diputadas que habían votado por la reforma se retractaron (¿o los hicieron retractarse?). En ese entonces, los diputados de ARENA, PDC y PCN negaron sus votos para la necesaria ratificación. A propuesta del FMLN, ese mismo día se aprobó una nueva reforma constitucional que incluía el mismo texto de la reforma que no fue ratificada, pero en la legislatura 2015-2018 ni siquiera fue discutida. Dicha reforma también incluía el reconocimiento del Derecho Humano a la Alimentación, tema que, dicho sea de paso, también sigue ausente en la agenda de trabajo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a pesar de contar con una propuesta presentada por la sociedad civil.

A mediados de 2018 se presentaron nuevas propuestas de reforma para reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento en la Constitución. Dos de esas propuestas de reforma fueron presentadas por partidos políticos, una por Arena y la otra por el FMLN. Ambas pretendían reformar el artículo 69 de la Constitución. Además, hubo otras dos propuestas: una presentada por la UES y la otra por un conglomerado de organizaciones sociales, Arzobispado de San Salvador, iglesias históricas, la PDDH y la UCA. Estas proponían reformar el artículo 2 de la Constitución, ya que se argumentó que el agua está vinculada directamente al sostenimiento de la vida, derecho que se encuentra ya estipulado en el artículo 2.

Entre agosto y septiembre de ese 2018, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales estudió las distintas propuestas de reforma. Pero este proceso tampoco prosperó, en buena medida, por las posiciones del partido ARENA que tampoco accedió a reconocer el derecho al saneamiento junto al derecho humano al agua.

Mientras tanto, sin recursos legales, la crisis hídrica se agudizó. Los abusos contra los bienes naturales en general y del agua en particular están a la orden del día. Para muestra un botón: el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, ubicado en la zona norte de San Salvador sobre una importante zona de recarga hídrica, amenaza con la sostenibilidad del reservorio acuífero y del río Chacalaca. Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como ANDA, en complicidad con la familia Dueñas, estarían siendo responsables del abuso de los recursos hídricos con los que aún contamos en esa zona.

En 2020, con la pandemia de COVID-19 y la consecuente necesidad del constante lavado de manos contrasta con la crisis crónica de desabastecimiento que padece gran parte de la población. En esta situación, se evidencia aún más que el cuido de la vida depende del acceso al agua y al saneamiento y seguimos sin legislación alguna.

Así las cosas, a finales de agosto de este año, una amplia articulación de organizaciones sociales, academia e iglesias, solicitamos a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que retomen las discusión para aprobar la propuesta de reforma constitucional por el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento presentada en 2018 por la ciudadanía. Esta petición fue bien recibida por parte de todas y todos los diputados de la Comisión. De hecho, los miembros de la Comisión se comprometieron que en el mes de septiembre habría un dictamen favorable para lograr la aprobación de la reforma.

Fue hasta el 28 de septiembre que los diputados y diputadas volvieron a abordar el tema en la Comisión y retomaron el trabajo en el punto donde se habían quedado dos años atrás, en donde solo había consenso en reconocer el derecho humano al agua, pero no así el derecho al saneamiento ni los demás elementos de la propuesta ciudadana: leyes y políticas creadas con participación ciudadana, leyes de orden público, gestión del agua de carácter público y sin fines de lucro.

En esta ocasión ya se pudo observar importantes avances en la propuesta de reforma a la Constitución: los miembros de la Comisión han accedido a reformar el artículo 2 (por la vinculación de derecho humano al agua y al saneamiento con el derecho a la vida), también hubo avance al incluir el derecho al saneamiento y que la gestión del agua sea de carácter público. Aún siguen sin consensuarse elementos importantes de la propuesta ciudadana, como lo relativo a que la gestión del agua sea sin fines de lucro y que las leyes que desarrollen este derecho cuenten con participación ciudadana y que sean de orden público.

Que la gestión del derecho humano al agua y al saneamiento sea sin fines de lucro ha impedido a la fracción de ARENA dar su apoyo a la propuesta de reforma. Sin consenso sobre este punto, no pudo haber dictamen favorable para aprobar la reforma. Por ello, se acordó entonces que en la siguiente sesión de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales (la que correspondía al 5 de octubre) se trataría el tema como punto único en agenda.

Pero no hubo tal sesión este 5 de octubre. El diputado presidente de la Comisión, Mario Tenorio, de GANA, no convocó a los miembros de la Comisión o canceló la sesión. Las razones para ello se desconocen. Al no tener una respuesta clara al respecto, cabe la duda sobre si hay intención de revertir algunos avances alcanzados hasta ahora, o de que existan presiones por bloquear todo el proceso.

Si bien es cierto, la norma en sí no cambia la realidad, pero tanto una reforma constitucional como una ley son instrumentos necesarios para exigir y hacer cumplir, en este caso, el derecho humano al agua y al saneamiento. Este es un clamor cada vez mayor entre la población, al menos, según sondeos del Instituto Universitario de Opinión Pública: el 99.5% de encuestados considera que el agua es un derecho humano mientras que un 91.5% opina que este derecho debe ser reconocido en la Constitución (Iudop, 2020). En 2017, solo un 82% estaba a favor de que se reconociera este derecho en la Constitución. Es decir, la opinión favorable en torno a este tema ha crecido en los últimos tres años.

Los temores que existen sobre la posibilidad de un bloqueo al proceso de reforma constitucional no son infundados. Está en manos de los diputados y diputadas despejar estas dudas y votar por una reforma que esté a la altura de las circunstancias que contenga todos los elementos necesarios para garantizar este derecho humano. Por su parte, está en manos del diputado Mario Tenorio poner a disposición sus buenos oficios como presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para generar las condiciones que ayuden a solventar esta deuda histórica con el país. Son días cruciales en la lucha por el reconocimiento al Derecho Humano al Agua , y por tanto, debemos estar atentos a este proceso en estos días.

* Wilmer Sánchez, de la Vicerrectoría de Proyección Social. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 17.