Desigualdad territorial

Recientemente se dio a conocer en El Salvador el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011, elaborado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, una organización regional sin fines de lucro que desde 1986 apoya procesos de cambio institucional, transformación productiva y fortalecimiento de las capacidades de actores y grupos sociales en las sociedades rurales latinoamericanas. El Informe nos recuerda que América Latina exhibe el título de ser la región más desigual del mundo, incluso por sobre zonas que, como África, presentan niveles de pobreza más dramáticos. Según cifras del Banco Mundial, en promedio, el 10% más rico de la población latinoamericana recibe el 48% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre recibe solo el 1.6%. Encabezan la lista de la desigualdad países como Brasil, Guatemala, Colombia y Chile. La brecha puede incrementarse en el futuro por dos razones directamente relacionadas: porque los pobres sean cada vez más pobres o porque los ricos sean cada vez más ricos.

El documento se enfoca en la pobreza y la inequidad desde la desigualdad territorial, una perspectiva que impacta con especial fuerza a los sectores rurales de la región. En tal sentido, se habla de que en América Latina condiciona dónde se nace o se vive; el lugar de residencia determina la situación socioeconómica y las posibilidades de acceso a bienes que garanticen cierta calidad de vida. Este criterio aplica a nivel de países como al interior de los mismos, porque en el subcontinente hay algunos que han logrado altos niveles de crecimiento, pero en su interior estos se concentran solo en algunos territorios. La consecuencia de esto es una sociedad desigual que genera territorios significativamente rezagados, con menos oportunidades de educación, capacitación, empleo y acceso a salud, mermando así la calidad de la fuerza de trabajo y, por ende, la productividad. Sin olvidar, claro está, que la pobreza y la inequidad crean un entorno favorable para la violencia y el conflicto social extremo. Los sectores más afectados por la desigualdad muchas veces no tienen otro recurso que la movilización social y el conflicto para hacerse oír y para hacer valer sus derechos.

El Informe plantea que se puede romper con la historia de desigualdad en la región si se pone el foco de atención en los lugares, no en los sectores; y en las inversiones, no en los subsidios. Y si, además, se toman acciones decisivas para enfrentar los mecanismos que la causan. Esto implica, para los autores del diagnóstico, por un lado, la aplicación de políticas públicas en territorios pequeños, homogéneos y socialmente unidos (reducir el desigual acceso a la tierra e igualar la calidad de la educación). Y, por otro lado, hacer que las instituciones del mercado funcionen mejor, con más protección para los trabajadores, con políticas monetarias y fiscales más rigurosas, estrictas y eficientes; así como fortalecer la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza, lo que significa incrementar los esfuerzos tributarios y hacer que los impuestos sean más progresivos en el largo plazo, mejorando a la vez la efectividad y transparencia en su uso.

En el documento se recoge información sobre diez países, entre estos El Salvador. Del que se dice que vivir en sus territorios fronterizos —calificados como "subnacionales rezagados"— es sinónimo de menos acceso a la salud y educación. Algunos de esos municipios pobres y fronterizos son Torola, en Morazán; Guaymango, en Ahuachapán; Candelaria de la Frontera, en Santa Ana; y Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate, los cuales figuran en el mapa de extrema pobreza.

En términos de analfabetismo, el texto señala que en nuestro país, en 2007, el promedio simple municipal de población analfabeta de 15 y más años era de 24.8%, observándose diferencias importantes entre municipios. Mientras en Lislique (San Miguel) la tasa de analfabetismo es de 55.9%, en Antiguo Cuscatlán (La Libertad) es de solo 4.3%. Sobre salud infantil, el estudio da cuenta de que a nivel nacional mueren 20 de cada mil niños menores de un año, según las estadísticas de 2007. Entre los 262 municipios del país, once registran un índice de mortalidad infantil menor a 20, llegando a un mínimo de 18 en Cuscatancingo (San Salvador) y de 15 en Antiguo Cuscatlán (La Libertad). En el otro extremo, municipios fronterizos como San Fernando (Chalatenango) y Cinquera (Cabañas) registran las mayores tasas: 40 y 46 fallecidos por cada mil nacidos vivos, respectivamente. En lo que toca al problema de la malnutrición infantil, se señala que, en 2008, un 20% de los niños menores de cinco años presentaba una talla por debajo del rango de normalidad para su edad y sexo. Y de nuevo las desigualdades territoriales: mientras La Unión registra un porcentaje cercano al 11%, en Sonsonate, Chalatenango y Morazán (departamentos fronterizos) los índices superan el 25%.

Pero el informe no solo constata graves inequidades, también confirma la necesidad de enfocarse en los territorios de menor desarrollo para invertir en lo social y en las capacidades humanas, y conseguir así un crecimiento rural incluyente, favorable a los pobres. Es lo que se ha dado en llamar la dimensión territorial del desarrollo, que supone hacer visibles a los ignorados e invertir en los vulnerables. Hay aquí un concepto de territorio que no es solo un espacio pasivo donde se localizan potencialidades humanas, naturales e institucionales, es también un espacio en el que convergen los intereses, la identidad y la cultura de una comunidad.

La persistencia, pues, de la pobreza y la inequidad en la región latinoamericana exige un enfoque incluyente de desarrollo. La perspectiva del desarrollo territorial tiene potencial para superar las limitaciones de la visión sectorial, para institucionalizar los mecanismos de participación civil y para contrarrestar la tendencia a la dispersión que tienen algunas políticas públicas de inversión en desarrollo social. Una vez más debemos recodar que, si queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo más de lo mismo.