El derecho a defender derechos

En El Salvador, no siempre el diálogo estuvo bien visto. Los Acuerdos de Paz, aunque no le gusten al actual presidente, marcaron un antes y un después, al menos al impedir que los problemas sociales se arreglaran exclusivamente con la fuerza bruta. Abrieron posibilidades de diálogo, aunque quienes los firmaron quedaron en una situación de privilegio y no siempre hablaron con los pobres y necesitados. Las reformas en el sistema judicial, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la diversidad del pensamiento político e instituciones con menor peso facilitaron que algunos sectores de la población comenzaran a ser más escuchados. Se empezó a hablar con mayor fuerza de la sociedad civil, aunque una buena parte de ella estuviera sujeta y dependiente del poder económico. Pero lo cierto es que las posibilidades de diálogo aumentaron.

En este contexto fueron surgiendo grupos de defensores de derechos concretos, que se fueron sumando a las organizaciones que desde el tiempo de la guerra habían jugado un papel importante en defensa de derechos fundamentales de la población. Los derechos de la mujer, del medioambiente, de la diversidad sexual, de sectores marginados, migrantes, desplazados o personas con discapacidades se fueron añadiendo a temas más clásicos y generando grupos muy diversos de defensa de derechos humanos. Todos ellos, basados en la igual dignidad humana y profundamente unidos en torno a la misma, han visto la necesidad de una ley que los proteja. De hecho, la ley se propuso hace años, pero fue enviada a archivo por la actual Asamblea Legislativa bajo el pretexto de que todo lo tratado anteriormente no servía. Despreciar el trabajo de defensores de derechos humanos es grave: indica un desconocimiento de los mismos y de cómo se avanza en su promoción. Rectificar y dialogar con quienes trabajaron la ley honraría a los actuales diputados.

Pero más allá de ese error político, que esperamos se enmiende, lo que se puede constatar es que los defensores de derechos humanos continúan decididos a realizar su tarea. Y cualquier diputado o diputada que tenga conciencia de sus obligaciones debe saber que la defensa de derechos humanos no es para los políticos un tema accidental u optativo. La actual Constitución, aun con todos los cambios que le quieran hacer, tiene como punto de partida la doctrina de los derechos humanos. El Estado salvadoreño ha firmado una muy variada serie de convenios y tratados internacionales en los que se obliga a promover y respetar derechos humanos. No dialogar con quienes han reflexionado, estudiado y entendido este tema es en cierto modo una contradicción con el oficio de cualquier legislador decente. Pensar en una Constitución que no tuviera sus raíces en la doctrina y pensamiento de los derechos humanos no solo sería una opción despótica y dictatorial, sino una completa estupidez política.

Los actuales legisladores son en general muy jóvenes. Eso es bueno, porque les tocará cargar con los problemas del futuro y podrán buscar con más facilidad soluciones a la problemática que se nos viene tanto en el campo ecológico como en el social (envejecimiento de la población), o el económico, por la impresionante deuda que cargamos. Pero también es muy posible que estos nuevos diputados, dada su juventud y el hecho de que administraciones anteriores no se preocuparon de propiciar el conocimiento de los derechos humanos, sepan muy poco de estos y no hayan reflexionado sobre los mismos. La mesa de defensores y defensoras de derechos humanos tiene el deseo de conversar y dialogar con los diputados. Responder positivamente a ese deseo de diálogo, reflexionar con los defensores sobre una ley que los proteja, crear con ellos nuevos acuerdos que amplíen los derechos de la población y promuevan el conocimiento de los derechos basados en la igual dignidad humana, sería importante para la propia maduración política del país y para que los diputados aprendan a manejar con mayor capacidad el arte de la construcción del bien común. Ese bien común del que al final depende siempre la buena política y la credibilidad de la Constitución, tanto reformada como sin reformar.

* José María Tojeira, director del Idhuca.