El Ejército de la república autoritaria

La Fuerza Armada no da con los registros de sus operaciones durante la guerra civil, tampoco guarda memoria de lo ocurrido. El descuido de los archivos, una indisciplina inaceptable en una institución militar, y la desmemoria total son la excusa para no colaborar con las primeras investigaciones judiciales de algunas de las violaciones a derechos humanos, después de la anulación de la ley de amnistía. En realidad, nada nuevo, porque el Ejército siempre se ha opuesto a comparecer ante la justicia. No permitió la depuración de la oficialidad violadora de derechos humanos en 1992 y presionó por la amnistía, para gozar de impunidad con un falso argumento sobre la soberanía.

Un errado concepto de institucionalidad impide a la Fuerza Armada hacerse cargo de los abusos de poder y de las violaciones a los derechos humanos. Sus cúpulas, las de ayer y las de hoy, piensan que la mejor forma de preservar esa institucionalidad es negar las arbitrariedades. La Fuerza Armada, al igual que los cuerpos de seguridad de ayer y la Policía de hoy, no comete errores, no viola la ley ni los derechos humanos y es fiel cumplidora de sus obligaciones. De esa manera, se coloca en el ámbito de la incolumidad y la perfección, es decir, en la esfera de la divinidad. Sus vistosos uniformes, sus lustrosos accesorios y sus elaborados despliegues ratifican esa idea. Es así como Gobiernos, políticos, prensa y opinión pública han caído en la idolatría del poder militar. A ese ídolo, obra de manos militares, le ofrecen en sacrificio las víctimas de los abusos de poder y de las violaciones a los derechos ciudadanos. Sin embargo, debieran ser más cautelosos, porque la voracidad del ídolo no conoce límites y acaba por devorar a sus creadores y adoradores.

El Ejército, como cualquier institución humana, tiende a la corrupción. Por esa razón, los controles internos y externos son fundamentales. Si en realidad valoraran la institucionalidad, los militares debieran someterse a esos controles. En lugar de debilitarla, como temen sus altos mandos, harían del Ejército una institución más creíble y prestigiosa. Sin embargo, hasta ahora, ningún juez, ni magistrado, ni fiscal ha conseguido que la Fuerza Armada abra sus archivos. Por eso, en parte, todavía no se ha procesado a ningún oficial por crimen de lesa humanidad, a pesar de que algunos de esos delitos, como la masacre de El Mozote, llevada a cabo por uno de los batallones entrenados con gran esmero por Estados Unidos y dirigida por un coronel, están debidamente documentados.

Cuando los altos mandos aceptaron la investigación de las violaciones a los derechos humanos, no se le pasó por la cabeza que los principales incriminados serían ellos mismos. Estaban tan convencidos de su propio discurso que dieron por sentado que el principal culpable sería el FMLN. La sorpresa y el disgusto fueron mayúsculos cuando salió a luz cuán equivocados estaban. Asumieron que la lucha contra la “conspiración comunista internacional” los eximía de responder ante el derecho nacional e internacional, de la misma manera que ahora el FMLN presupone, con la misma arbitrariedad, que la lucha contra las pandillas lo faculta para violar la legislación. Si bien la derogación de la ley de amnistía los dejó a merced de la justicia, todavía cuentan con la mentira y la impunidad institucionalizadas, de la cual forman parte la destrucción de archivos, la ocultación de documentación oficial y la indiferencia de la Fiscalía y la Policía. Llegará el momento en que también algunos funcionarios del FMLN deban acogerse a esas argucias.

De todas maneras, es sorprendente cómo, a la vuelta de la historia, se comete el mismo error en nombre de una institucionalidad mal entendida. Y es que el poder ofrece la ilusión de la omnipotencia, que hace a los poderosos autoritarios y crueles. Ensoberbecidos por sus sueños de poder y de grandeza, se aíslan de las realidades humanas y, en esa medida, se deshumanizan. Así, instituciones como el Ejército, en lugar de estar al servicio de la ciudadanía y del Estado, se sirven de ellos. Todo les está permitido y todos deben someterse a sus deseos y órdenes. De ahí al crimen solo hay un paso.

No se puede seguir sosteniendo que la Fuerza Armada es la institución que mejor ha cumplido con los acuerdos de 1992, porque todavía no se ha sometido efectivamente a la autoridad civil: no acata las órdenes judiciales, no acepta un ministro de Defensa civil y su sometimiento a la autoridad presidencial es discutible. Ningún mandatario se ha atrevido aún a imponerle su voluntad, por temor al golpe. Tampoco ha renunciado a influir en política, como lo prueba la presencia de sus mandos en el recinto legislativo. Algunas instalaciones militares todavía conservan el nombre de criminales de guerra. Mientras viva este Ejército, vivirá la república autoritaria.